Ya es oficial: Feijóo se casa con Vox

El 19 de abril de 2022 tomó posesión por primera vez en España, concretamente en Castilla y León, un gobierno autonómico con presencia de la extrema derecha. Alberto Núñez Feijóo había sido proclamado presidente del PP dos semanas antes, pero aún le faltaban algunos días para renunciar a la presidencia gallega y asumir el nuevo cargo, circunstancia que aprovechó para hacerse el sueco e intentar distanciar al ‘nuevo PP’ de la decisión tomada en Valladolid por el barón Fernández Mañueco. 

Ese juego ha terminado. Con el acuerdo alcanzado ayer entre el PP y Vox para gobernar en la Comunitat Valenciana, el ‘moderado’ Feijóo ya no podrá mantener sus calculadas ambivalencias. Su nombre quedará inscrito en la historia como uno de los líderes europeos que contribuyeron activamente a abrir las instituciones a la ultraderecha, dinamitando la tradición de la vieja democracia cristiana de establecer un ‘cinturón sanitario’ en torno a ella. El pacto en Valencia –que proporcionará a la ultraderecha la presidencia de las Corts y un número de consejerías “proporcional” al resultado de las elecciones del 28M- cuenta con la bendición de Génova, y es el abrebocas de un aluvión de acuerdos que previsiblemente suscribirán ambos partidos para gobernar en comunidades y municipios donde suman mayoría, con independencia de si fueron o no los partidos más votados.

En un intento por salvar la honra, la dirección nacional del PP ha vetado la presencia en el gobierno valenciano del líder de Vox, Carlos Flores Juberías, condenado en 2002 por violencia machista contra su expareja y madre de sus hijos, a la que decía cosas como “te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que mueras y acabe contigo”. El pretendido golpe de autoridad ética que implicaba el veto (poco les importó por lo visto negociar con el propio vetado el pacto de gobierno) no hizo la menor mella en Flores Juberías, que dijo que no tenía la intención de entrar en el ejecutivo autonómico y que su objetivo es presentarse como cabeza de lista de Valencia para las elecciones generales. De modo que, si el PP gana este 23J, pero sin una mayoría suficiente que le permita prescindir de Vox, es muy probable que veamos en el Congreso al repudiado Flores junto al resto de sus compañeros ultras apoyando al muy digno Feijóo.

Según ha trascendido, el acuerdo de gobierno en la Comunitat Valencia consta de cinco “ejes estratégicos”. Atención al primero: “Libertad, para que todos podamos elegir”. ¿Qué diantres significa esto? ¿Debemos entender que los votos que les permitirán a PP y Vox gobernar una de las comunidades más importantes de España surgieron en una tenebrosa tiranía? ¿Puestos a elegir, facilitarán las condiciones a las mujeres para que puedan elegir sobre su cuerpo en caso de abortar? ¿Qué entienden estos señores –sí: señores: en los equipos negociadores no había ninguna mujer- por libertad, esa palabra con la que tanto se llena hoy la boca la derecha vernácula? ¿Habrá leído alguno de los negociadores al menos un ensayo sobre ese concepto de enormes complejidades, o acaso su máxima elaboración intelectual al respecto es la libertad para ir de copas acuñada por la superstar Ayuso? 

Otro ‘eje estratégico’: “Sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales”. ¿En serio? ¿Reforzar la sanidad pública quienes fueron los pioneros de eso que se llama sanidad concertada y que no es otra cosa que una semiprivatización encubierta, el famoso ‘modelo Alzira’ que puso en marcha Eduardo Zaplana a finales de los 90 y que posteriormente se exportaría a Madrid? Solamente en un territorio sin memoria, sacudido como la mítica Macondo por la peste de la amnesia, podrían tomarse en serio promesas de este tipo. 

Y un ‘eje’ más: “Señas de identidad, para defender y recuperar nuestras señas de identidad”. Mal asunto cuando los gobiernos se proponen decidir sobre las “señas de identidad” de toda una sociedad. ¿A qué se refieren? ¿A desempolvar el blaverismo, aquella corriente de esencialismo valenciano que surgió como reacción a las inclinaciones catalanistas de Joan Fuster? ¿Volverán a echar fuego a las guerras lingüísticas que se daban por encauzadas? ¿Intentarán convertir a la Comunitat Valenciana en un ariete contra Catalunya -donde el PP y Vox no consiguen, pese a todos sus esfuerzos y algunos avances, tener una influencia política digna de tal nombre-, del mismo modo que Ayuso ha pretendido construir un nacionalismo madrileño como bastión contra el Gobierno central? ¿Es consciente el PP –Vox seguro se frota las manos- del berenjenal que están animando?

Estamos comenzando una época incierta en nuestra segunda experiencia democrática, y son muchas las preguntas y preocupaciones que surgen ante un escenario donde la extrema derecha formará parte decisoria de las instituciones. El PP ha asumido la responsabilidad de blanquear definitivamente a Vox y ya no podrá desentenderse de una decisión que, además de las consecuencias que puede tener para la convivencia en el país, causa enorme preocupación en una Europa ya inquieta por el ascenso de la ultraderecha a los gobiernos de Polonia, Hungría e Italia y su penetración en los parlamentos de países que hace solo un par de décadas parecían inmunes a la expansión de esas organizaciones reaccionarias.

Sostienen algunos analistas que la experiencia de algo más de un año de gobierno en Castilla y León demuestra que las actuaciones de Vox han tenido más impacto en el terreno retórico que en la acción política, restando –deliberadamente o no- importancia a la presencia del partido de Abascal en las instituciones. Omiten que los discursos inflamados de intolerancia, xenofobia, homofobia y antifeminismo son también acciones políticas y contribuyen a crear el ambiente para la radicalización de la sociedad. Además, Castilla y León es tan solo una primera manifestación de la participación de Vox en un gobierno, y de alguna manera, con mucho equilibrismo, el PP intenta guardar las formas. Veremos qué pasará cuando se conformen los próximos gobiernos autonómicos y municipales. Y, sobre todo, si a Feijóo le toca recurrir a Abascal para intentar la investidura. Esto apenas comienza.