Regularización de inmigrantes: cuando lo normal se vuelve revolucionario

Aunque podría hacerse fundadamente, no voy a defender con justificaciones económicas la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno. A estas alturas debería ser una obviedad que el sistema productivo español necesita como agua de mayo la mano de obra extranjera: lo ha reconocido en más de una ocasión la propia patronal y lo demuestran a diario los empresarios grandes, medianos y pequeños que contratan inmigrantes para mantener activos sus negocios.

Por supuesto que hay empresarios inescrupulosos que prefieren una bolsa migratoria en situación irregular para pagar salarios precarios; pero, desde una perspectiva estrictamente capitalista, es indudable que al sistema le conviene una masa trabajadora normalizada, incluso con buenos salarios, porque esos trabajadores no son solo aportantes del IRPF y del sistema de pensiones. También son consumidores, y cuanto más desahogadas sean sus finanzas domésticas más bienes compararán y subirán la recaudación del IVA , que representa la tercera parte de los ingresos de Hacienda.

Pero, volviendo al comienzo, defender con argumentos económicos una regularización que podría beneficiar a medio millón de seres humanos nos distrae de lo realmente importante: la poderosa carga simbólica que una medida de esa envergadura tiene en estos tiempos sombríos en que lo que se está regularizando es el odio al extranjero en buena parte del mundo que aún llamamos civilizado. Cuando vemos las terribles imágenes que llegan de Estados Unidos, donde se persigue a los inmigrantes con una saña inaudita y los agentes de inmigración detienen a niños y asesinan a sangre fría a quienes intentan detener o documentar la barbarie, una regulación masiva de inmigrantes como la que se ha anunciado en España constituye por su humanidad un acto revolucionario.

Si bien las políticas de Trump han llevado la maldad a unos extremos inconcebibles en una nación de tradición democrática, las señales que llegan de Europa no son tranquilizadoras: estamos viendo cómo se expanden las restricciones a la inmigración en los países de nuestro entorno y la adopción desde las instituciones de discursos de tufo xenófobo que se presentan como equilibradas reflexiones de cirujanos obligados a extirpar un tumor. Todo ello en medio de la proliferación de partidos de extrema derecha, como Vox, que incendian sin descanso el ambiente con sus mentiras. De su boca hemos oído que los inmigrantes reciben sin dar un palo al agua más dinero que los esforzados pensionistas. O que constituyen un colectivo esencialmente violento, calumnia que sustentan manipulando de manera infame la sobrerrepresentación que una minoría insignificante de los inmigrantes tiene en las estadísticas de delincuencia en nuestro país. 

Hay que reconocerle a Podemos el papel fundamental que ha desempeñado para que saliera adelante la regularización, cuyo antecedente fue una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas que promovió la red RegularizaciónYa y que terminó empantanada en el Congreso. El Gobierno se sacó después de la manga la idea de una “inmigración circular”, esto es, el establecimiento de un sistema rotatorio de mano de obra extranjera, de modo que los inmigrantes vinieran a desarrollar trabajos concretos y luego se marcharan de regreso a sus países. Una propuesta inquietante por su propia naturaleza, por mucho que se le revistiera de un sensato sentido práctico. No cabe duda de que la fragilidad parlamentaria del Gobierno ha influido para que Sánchez haya pactado finalmente con Podemos. Pero en eso consiste precisamente la política: en saber leer los momentos para tomar decisiones trascendentales, y así lo ha entendido muy bien el partido que lidera Ione Belarra y también, desde la debilidad, el presidente Sánchez.

La regularización de inmigrantes no es ni mucho menos un procedimiento nuevo en España. Según un informe de Funcas, desde los tiempos de Felipe González se han aprobado nueve medidas de este tipo. El Gobierno de Aznar regularizó en dos años a 524.621 personas. El de Rodríguez Zapatero hizo lo mismo en 2005 con 576.506 personas. Con el antecedente de Aznar, parecería difícil entender el encono con que se ha lanzado en ristre el PP contra el presidente Sánchez por seguir la estela de sus predecesores. Pero se entiende: la única política que conoce Feijóo es no pasarle ni una a Sánchez y todo vale en ese objetivo, incluso ignorar descaradamente lo que su propio partido ha hecho en el pasado.

Súmese a ello el temor del PP y sus barones regionales de que los potenciales beneficiarios de la medida puedan convertirse en agradecidos votantes de Sánchez (o de Podemos). Según diversos cálculos, más del 90% de ellos serían originarios de Latinoamérica, una comunidad que ha apoyado tradicionalmente al PP, de manera muy particular en la Comunidad de Madrid. Esa situación podría darse en un futuro -no ahora como ha sugerido Feijóo- con los que accedan a la nacionalidad española. En cualquier caso, el líder del PP ha dejado claro que preferiría dejar a cientos de miles de inmigrantes en un limbo antes de que Sánchez pudiera cosechar algún fruto de su acción política.

Si las cosas siguen su curso, medio millón de personas podrán respirar pronto con tranquilidad, con la perspectiva de normalizar sus vidas tras haber permanecido, en muchos casos durante años, en un estado de semiclandestinidad, siempre con la espada de Damocles de la expulsión. En vez ser detenidos a cualquier hora en sus casas por unos agentes agresivos armados hasta los dientes, tendrán la posibilidad de demostrar que reúnen los requisitos para obtener un permiso de residencia y de trabajo. Insisto: esto ya se ha hecho en otras ocasiones, bajo gobiernos del PSOE y del PP. Pero esta vez es distinto. Ahora no estamos hablando de una medida con motivaciones económicas. Ni siquiera humanitarias. De lo que estamos hablando en estos momentos es de un acto de resistencia de un país mediano como España frente a la barbarie que desde Washington y Mar-a-Lago extiende sus tentáculos por el mundo.