Pegasus: a caballo volador no le busques el colmillo

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques

Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial

Artículo 18.3 de la Constitución española

Esto dicen, sí, estos textos y otros pactos internacionales varios sobre el derecho de la ciudadanía a mantener su espacio privado y de intimidad y a comunicarse libre y secretamente, esto es, a vivir en verdadera tranquilidad y libertad.

Sin embargo, en ocasiones, en algunos lugares, para muchas personas, estas proclamas no dejan de ser una quimera. Como sucede aquí y ahora.

No es, desde luego, la primera vez que conocemos que los llamados “servicios de inteligencia” de España –u órganos similares, cercanos o paralelos– han realizado seguimientos y controles de todo tipo a personas de determinadas formaciones o ideologías políticas. En absoluto. Hace años, muchos, que sabemos que, por ejemplo, dirigentes de la “izquierda abertzale” fueron objeto de esas prácticas, cuando se descubrieron las escuchas telefónicas organizadas en su sede de Vitoria-Gasteiz. Y lo sabemos a ciencia cierta porque así se ha determinado en sentencia firme del Tribunal Supremo del año 2004 en la que, pese a absolverse a los ex directores del CESID Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón Sánchez, que habían sido condenados por tales hechos por la Audiencia Provincial de Álava, por considerar que no conocían esa conducta delictiva, se condenó por ese delito a Mario Cantero, agente del CESID, que fue quien realizó las grabaciones. 

Todo ello, dejando al margen un buen número de denuncias de seguimientos y espionajes a gentes de la empresa y de otros entornos políticos que no han terminado con una condena. 

Y ahora resulta que, según un informe de Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto dedicado a estudiar, en esencia, los controles de información y la vigilancia de la red, se habría espiado a un buen número de líderes independentistas, entre los que se hallan algunos expresidentes del Gobierno de la Generalitat de Catalunya o el actual president Pere Aragonès, así como a abogados y familiares de dichas personas. Un informe que coincidiría sustancialmente con la verificación independiente hecha por el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional.

Lo que se habría materializado, siempre según dichos informes, mediante el llamado sistema Pegasus, que parece ser un spyware –un software maligno o espía–  israelí para el espionaje telefónico que permite rastrear la ubicación del teléfono, seguir y escuchar llamadas, leer mensajes de texto, controlar contraseñas y recopilar información de aplicaciones varias, entre las cuales las redes sociales más utilizadas. O sea, que permite penetrar en toda la vida de una persona.

Sistema que, según se nos va informando por muchos medios de comunicación, habría sido adquirido por el CNI, teórica u oficialmente para utilizarlo en el extranjero, y sabiendo también que este sistema solo se vende a gobiernos y con el fin de combatir la delincuencia organizada grave y el terrorismo –¡qué cinismo!–.

Hasta aquí, todo espantoso, pero perfectamente creíble. 

Lo que resulta más difícil de creer es lo que está ocurriendo desde que esta noticia se conociera el día 18 de abril, o sea, hace una semana. O, mejor dicho, lo que no está ocurriendo.

Habríamos esperado, legítimamente, que el Gobierno se apresurara a dar explicaciones, pero explicaciones serias y solventes, claro. Y no las hemos recibido, en absoluto. Lo único que hemos escuchado son frases huecas y de claro argumentario de las ministras portavoz Isabel Rodríguez y de Defensa Margarita Robles. Huecas y vacías, desde luego, e insultantes para quienes queremos la verdad. Frases según las cuales el Gobierno actual nada tendría que ver con este espionaje –pese a que el informe de Citizen Lab se refiere a ataques espías entre los años 2015 y 2020 y que, si bien con otro Gobierno distinto, no de coalición, Sánchez es presidente desde junio de 2018–. Frases repitiendo el soniquete de que en España rige el Estado de derecho y que el Gobierno está dispuesto a colaborar con la Justicia si así se requiriera. ¡Pues solo faltaba que no lo hicieran o, más bien, que dijeran que no lo iban a hacer! Aunque, teniendo en cuenta otros antecedentes de hechos gravísimos –mucho más graves aún, como horribles torturas y asesinatos– ocultos gracias a la Ley 9/1968, sobre Secretos Oficiales, cualquiera puede cabalmente dudar de si algún día se rendirán cuentas de este espionaje incluso ante los tribunales.

Habríamos esperado, siempre legítimamente, como ciudadanía responsable, que se nos dijera quién compró este sistema Pegasus, quién lo ha utilizado, qué información se ha conseguido de cada persona espiada y en manos de quién está toda esa información. Y si se ha contado con la autorización judicial que exige el artículo 18.3 de la Constitución para saltar la garantía del secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas. Y qué delitos se trató de evitar. Y, si el Gobierno no lo sabe, debiera haber iniciado ya una investigación en profundidad para averiguarlo. Y hacérnoslo saber, por supuesto.

Habríamos esperado asimismo, para nuestra merecida y exigible tranquilidad democrática, que los grupos parlamentarios se aprestaran a constituir la bloqueada Comisión de Secretos Oficiales, donde la ministra Robles dice que daría las explicaciones. Aunque ello será siempre con las limitaciones de esta comisión en relación a la publicidad de lo que en ella ocurra, dado que lo que ahí se diga y oiga no será público. Y, para evitar estos límites y el consiguiente desconocimiento ciudadano, urge, desde luego, la creación de una comisión de investigación sobre estos hechos –ya, ya sé que algunos están ya en ello– y que todos los grupos democráticos la apoyen.

No creo, y bien que lo lamento, que el Gobierno y el grupo parlamentario socialista respondan a ello. De hecho, el Ministerio de Defensa ya contestó en 2020 a Amnistía Internacional España, acerca del uso de Pegasus por el CNI, que se trababa de información clasificada. 

El Defensor del Pueblo anuncia una investigación. También forma parte de lo mínimamente exigible. Veremos si tiene la respuesta adecuada del Gobierno.

Y veremos también, aunque esto me preocupa infinitamente menos –o sea, nada o casi nada–, si estas informaciones y la falta de explicaciones tienen alguna consecuencia en la estabilidad del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene.

Pegaso era el caballo alado del gran dios Zeus, nacido, según la mitología griega, de la sangre derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Ahora tenemos derecho a saber quién –o quiénes– es –o son– el Zeus que ha cabalgado este caballo volador y sobre qué y cuántas vidas ha actuado y perturbado.

Pero me temo que a este caballo volador nos va a costar buscarle su afilado colmillo, que estará oculto por una legislación que, pretendidamente, protege al Estado y a su ciudadanía. Todo dependerá de la fortaleza de la democracia y del derecho en este Estado. Una buena prueba de fuego. Otra más.

Nota: he escrito estas líneas antes de conocer las comparecencias del ministro Bolaños y la consellera Vilagrà. Pero las he escuchado. Y, oído lo oído, he decidido no cambiar ni una sola coma.