Público-privado

El Estado en un sentido amplio (que incluye la UE), lo público, está de vuelta. Estamos en tiempos de lo que los anglosajones llaman big government, porque en todas las latitudes una masiva intervención pública es imprescindible para salir de la crisis. Pasó en 2008-2010 -para acabar dando un giro hacia la austeridad-. Esta vez es diferente, pues las cosas se están planteando de manera distinta, no solo para salvar una recesión, como ahora, y entonces una crisis de deuda -que de momento no se ha planteado pero se planteará- sino para hacer frente al drama social que en casi todas partes está suponiendo las consecuencias de la crisis de la COVID-19. También para aprovechar para dar un salto en el modelo productivo de la Unión Europea y de sus Estados Miembros ante la competencia global con tres prioridades: la descarbonización y en general la sostenibilidad medioambiental, la digitalización, y una nueva industrialización. Vivimos una aceleración que ha de producir una transformación.

Para todo ello se va a necesitar mucha más colaboración público-privada, una tendencia que venía de antes, pero que se ve acelerada en las actuales circunstancias, y que queda patente en los acuerdos tripartitos entre Gobierno, patronales y sindicatos que se están dando. A resultas de la crisis anterior se había hecho necesaria porque el impulso público no era lo suficientemente potente en algunos aspectos. En las actuales, porque si este impulso se ha multiplicado, necesita aún del dinamismo del sector privado. Esto es lo que intenta la Comisión Europea con su propuesta de Fondo de Reconstrucción (NextGenerationEU), que han de aprobar y perfilar en los próximos meses los 27. Y lo que han de intentar los nuevos fondos que están poniendo en pie tantos gobiernos en Europa.

Estos fondos tienen un triple objetivo: rescatar empresas estratégicas (por su impacto económico o social), proteger a empresas clave, sobre todo tecnológicas y de infraestructuras, de la adquisición no deseada por capital extranjero no europeo (es decir, fundamentalmente chino o del Golfo), e impulsar inversiones transformativas. Antes de la pandemia, la Comisión estaba diseñando un plan para un fondo soberano europeo para invertir en aquellos sectores estratégicos en los que la UE va atrasada respecto a competidores globales, y que podría intervenir en la protección de los sectores estratégicos, mediante la compra de empresas cuando no haya capital europeo disponible. Es un planteamiento que se está reforzando a escala de la Unión y de los Estados miembros.

En el caso de España, el Gobierno ha anunciado la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de 10.000 millones de euros, mucho más pequeño que lo que se está dando en economías como la francesa o la alemana, lo cual puede acusar distorsiones en la competencia, aunque la Comisión Europea las está aprobando). Su objetivo central es aportar apoyo público temporal -hay que destacar esto último- para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia de la COVID-19, mediante créditos participativos, adquisición de deuda o suscripción de acciones y otros instrumentos de capital. Adscrito al Ministerio de Hacienda, será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los eventuales dividendos irán a nutrir el Tesoro Público. Parece más un instrumento de salvación que de política estratégica. Uno de los problemas que tiene España, a diferencia de Francia o Alemania, es que no tiene tan claro no ya una estrategia -que podría llegar en este contexto- sino realmente qué empresas o sectores son estratégicos, y establecer prioridades más allá del corto plazo de esta crisis.

A veces la economía da pasos sin poder ver los siguientes. Otros países llegan más lejos, en un movimiento económico cuyas consecuencias a medio y largo plazo están por ver. ¿Es esto un avance hace fondos soberanos, o ciudadanos, de nuevo cuño, como se estaban planteando desde algunos ámbitos antes de la crisis de la COVID-19? Es pronto para decirlo, pero un nuevo aspecto de lo que está ocurriendo es esta renovada transformación del Estado en accionista de empresas privadas, que no corresponde al otrora concepto de nacionalización. Ha ocurrido otras veces, pero, esta vez puede ser distinto, aun cuando la intención es vender las participaciones públicas cuando sea posible. O cuando sea necesario para generar ingresos para el Estado.

En España, esta dimensión público-privada va a requerir nuevos sistemas de gobernanza. Tanto para la economía verde, como para una digitalización compleja en países -desde luego España- con tantas pymes, como para el nuevo salto industrial. Buenos ejemplos, los hay, como ha demostrado lo logrado en industrialización en el contexto vasco, pero se han de potenciar mucho más. No es cuestión solo de fijar objetivos -a corto, medio y largo plazo- sino también la manera de alcanzarlos. No basta el qué sin el cómo.

Se necesita generar un tirón a la vez y coordinado del sector público y del privado, que actúe como tractor para transformar el conjunto de la economía. No se trata de volver a la situación anterior a la COVID-19, pues estamos en muchos aspectos en otro mundo ¿Se aprovechará la ocasión? La elección es entre transformación y regresión.