Radiografía de un tumor financiero

A finales de mayo de 2010, en un giro de política económica sin precedentes, se aprobó el primero de los recientes planes de austeridad. Aquello no fue por casualidad. De acuerdo con datos del Banco de España, nuestra deuda privada alcanzó un máximo del 212% del PIB en junio de ese año (de los que 125 puntos corrían a cargo de las empresas y 87 correspondían a las familias). Si a esto añadimos los 58 puntos que representaba la deuda pública, se tiene que la deuda total de los llamados “sectores residentes no financieros” de la economía española equivalía al 270% del PIB.

Desde entonces y hasta junio de este año, la deuda privada de la economía española se ha reducido en 26 puntos de PIB. Sin embargo, teniendo en cuenta el incremento experimentado por la deuda pública en el mismo periodo, resulta que la deuda total de empresas, familias y administraciones públicas ronda hoy el 279% del PIB. Es decir, que, tras tres años de esfuerzos ímprobos, esta deuda representa (en relación a nuestra capacidad de generar riqueza) nueve puntos más que cuando se aprobó el primer plan de austeridad. El coste de los intereses de la deuda pública en el contexto financiero internacional ha puesto su granito de arena, pues ha pasado de representar el 1,5% del PIB en el inicio de la crisis al 3,5% actual, aproximadamente.

Parece lógico preguntarse por el papel del sector financiero en la formación de esta deuda; al fin y al cabo, los bancos son la otra parte contratante de empresas, familias y administraciones públicas. Podríamos alarmarnos al leer que el total de pasivos del sector financiero español equivale al 450% del PIB, pero esta cifra bruta incluye lo que unos bancos se deben a otros; no es deuda neta del sector. Además puede decirse que lo realmente importante no es la deuda que acumulan nuestros bancos, sino la relación que ésta guarda con el total de sus activos financieros (en eso consiste su razón de ser: el sector financiero es el instrumento con el que acumulamos y reasignamos el capital). Por eso, una manera de tomarle la temperatura a nuestros bancos consiste en observar la evolución de sus “activos financieros netos”, o riqueza financiera, tal y como se representa en la gráfica adjunta.

Se observa, a partir del año 2003, un incremento progresivo de la posición deudora de nuestros bancos frente al resto del mundo y, simultáneamente, un incremento de su posición acreedora frente a las empresas residentes y las administraciones públicas. Hasta ese año los bancos españoles empleaban el ahorro de las familias para financiar a las empresas y a las administraciones públicas y, en menor medida, invertir en el resto del mundo. Nada extraño, sino que las cosas cambiaron. Los activos financieros netos de las familias frente a los bancos pasaron de representar casi el 40% del PIB a inicios de los años 2000 a tan sólo el 6% en vísperas de la crisis. ¿Fue el incremento de la demanda de crédito por parte de familias y empresas lo que provocó el endeudamiento de nuestros bancos frente al resto del mundo, o fue al revés? En cualquier caso, el endeudamiento externo del sector financiero alimentó la explosión del crédito y permitió el sobreendeudamiento privado.

Evidentemente, si los bancos actuaron de esta manera es porque algo ganaban con ello. El promedio de los beneficios anuales del sector financiero español desde el inicio del euro hasta el mencionado año 2003 equivalía al 1,5% del PIB. En junio de 2007, justo antes del estallido de las “subprime” en Estados Unidos, los mismos beneficios representaban ya el 3% del PIB interanual.

Hoy, siempre de acuerdo con el Banco de España, se reclama al sector de las instituciones financieras una deuda exterior equivalente al 80% del PIB (al margen de otros 90 puntos que familias, empresas y administraciones públicas deben al resto del mundo). Resulta curioso que la deuda exterior total no se haya reducido un ápice desde que se aprobó el primer plan de austeridad: 170% del PIB.

Mientras tanto, el incremento de créditos dudosos ha sido colosal, pasando de 16.000 millones de euros en 2007 a 180.000 millones en la actualidad. La consecuencia es que la cuenta de resultados de nuestros bancos desde que comenzó la crisis arroja unas pérdidas netas superiores a 40.000 millones de euros. En este contexto es difícil de imaginar que el sector financiero pueda reabrir el grifo del crédito por sí mismo (lo que se considera condición necesaria para la reactivación de la economía), así que hemos extendido otra receta más de deuda pública.

El sector financiero español ha recibido hasta ahora más de 60.000 millones de euros en ayudas públicas directas, sin contar avales y otros programas del Estado, por un importe superior a 35.000 millones que son susceptibles de generar pérdidas (de hecho, casi el 20% de esta última cantidad se había evaporado ya a finales de 2012…). Es mucho dinero. La carga financiera de la deuda pública presupuestada para 2013, por poner un ejemplo, es inferior a 40.000 millones de euros. Una cosa es que el déficit público esté contribuyendo al desapalancamiento de las empresas privadas a través de los estabilizadores automáticos y otra, muy diferente, es un trasvase directo de deuda que enjuga sobradamente las pérdidas del sector financiero desde el inicio de la crisis. Es el contribuyente quien está hilvanando las costuras de la cohesión social y facilitando en última instancia el desapalancamiento de la economía española.

Tenemos, pues, una curiosa combinación de políticas de austeridad con explosión de deuda pública cuyo balance, al menos de momento, es el siguiente. El desapalancamiento de los sectores no financieros no se ha reducido (la deuda del sector privado se ha transformado en deuda pública, e incluso más). La deuda exterior tampoco se ha reducido y el crédito interno sigue sin fluir, a pesar del trato generoso del contribuyente hacia un sector financiero que ha retomado números verdes desde que comenzó el año (el crédito para la financiación de actividades productivas se ha reducido un 9% en la primera mitad de 2013, y un 28% desde que alcanzó su máximo en marzo de 2009).

Además, por el lado de la demanda, el coste de las políticas de austeridad en forma de paro, merma de poder adquisitivo y deterioro de los servicios públicos está siendo enorme. Si, como afirma el FMI, “el desafío político es cómo hacer que este proceso [de desapalancamiento] sea menos costoso para el empleo y el crecimiento”, no parece que se pueda hablar de éxito.

Es verdad que es imposible resolver a coste cero un problema de sobreendeudamiento y que cualquier política complementaria a la austeridad (fundamentalmente tres: las quitas, la inflación y el crecimiento) ni es evidente ni está exenta de controversia. Lo que no es razonable es que no se considere más alternativa que el “recortismo” del sector público y que el cheque extendido a nuestros bancos no tenga contrapartidas. Porque, aunque nos duelan mucho la deuda pública y el mercado laboral, lo que realmente nos pasa es que nos ha salido un tumor en el sistema financiero.