El sistema como gran máquina contra la disidencia

El pasado sábado 5 de noviembre discurrió por Madrid una numerosa manifestación antiespecista. El objetivo de la convocatoria era visibilizar el enorme sufrimiento que conlleva cada día para millones de animales un sistema de dominación sustentado en la discriminación moral de los individuos en base a las diferencias de su especie, e incidir en la necesidad de considerar su defensa como una lucha política. Quince años antes, el 5 de noviembre de 2001, el activista británico por los derechos de los animales Barry Horne falleció durante su tercera huelga de hambre. Tenía 50 años y cumplía 18 de cárcel por provocar incendios en laboratorios donde se usaban animales para experimentos científicos. Que se cuidara de hacerlo cuando no había nadie dentro (la propia acusación reconoció que el activista no había querido poner en peligro ni dañar a nadie) no le libró de la mayor condena impuesta hasta el momento a un activista por la liberación animal, una condena desmedida si se compara con muchas otras, de menor duración, impuestas por cometer delitos contra la integridad de las personas. Horne fue acusado de terrorismo con daños materiales que ascendían a varios millones de libras y convertido en bestia negra por la prensa británica.

Quince años después de su muerte -y aunque en los laboratorios siguen siendo martirizados millones de animales cautivos-, el mundo ha experimentado convulsiones de tal impacto político, social y mediático que cabe revisar su figura, preguntarse desde esta perspectiva quién era Barry Horne. No solo como el homenaje que los partidarios de la acción directa antiespecista rinden a la memoria de quien consideran un héroe, sino como alguien cuya experiencia puede servir de enlace con un relato de la historia reciente que tiene que ver, por supuesto, con el movimiento de liberación animal, pero no solo: también con la desafección hacia la política orgánica y el posterior surgimiento de una protesta ciudadana global; con la intervención de los servicios de inteligencia supranacionales; con la función represiva de los órganos policiales; con la presión que marcan los lobbies de las grandes corporaciones y la sumisión de los mandatarios a los poderes financieros; con la influencia que ejercen los medios de comunicación y las imágenes distorsionadas que pueden avenirse a ofrecer; con el germen, los artífices, la conveniencia y los límites de la violencia; con un cambio de paradigma moral. Todas ellas son cuestiones hoy imperantes, ineludibles para analizar los acontecimientos del presente y para desvelar claves que iluminen el futuro, y todas ellas tuvieron que ver, hace hoy quince años, con la vida y la muerte del activista Barry Horne.

Desde prisión, ya moribundo, el activista Horne culpó al Gobierno británico de su fatal destino y acusó a su primer ministro, Tony Blair, de haberle engañado. En campaña contra el Gobierno conservador, el laborista Blair se había comprometido a crear una comisión que examinara el uso de animales en la experimentación científica y la situación en la que estos se encontraban, y que cuestionara el futuro de la vivisección (literalmente, “cortar animales vivos”). Blair llegó a negociar con Horne su regulación y a prometerle que la prohibiría en experimentos con fines cosméticos (publicaron incluso un folleto titulado ‘Laboristas nuevos, vida nueva’), algo a lo que posteriormente renunció. Barry Horne decidió entonces iniciar esa tercera huelga de hambre, a la que su organismo sucumbió.

“Si los polí­ticos prometen, ¿por qué los seguimos apoyando cuando no cumplen con lo que han dicho? ¿Por qué la gente se rí­e cuando los polí­ticos mienten? Deberí­amos enfadarnos”, cuestionaba Horne desde prisión. Sus preguntas siguen vigentes, quizá más que nunca. Él no llegó a conocer WikiLeaks, una web de filtración de documentos que reveló gravísimos comportamientos por parte de los Gobiernos, principalmente sobre la actividad exterior de los Estados Unidos, y en especial en relación con las guerras de Irak y Afganistán. Ni llegó a ver cómo el periodista y ciberactivista Julian Assange, fundador y portavoz de ese sitio web, tuvo que refugiarse en la embajada londinense de Ecuador, donde permanece recluido desde hace casi cuatro años, después de ser acusado de unos abusos sexuales a todas luces amañados y de pesar sobre él una orden de arresto que hasta la ONU considera arbitraria. Simplemente, Assange desveló secretos de Estado, es decir, destapó una gigantesca fosa séptica que comprometió la ética y la política de los Estados dominantes, y se convirtió en enemigo a abatir.

Horne tampoco llegó a saber de Chelsea Manning, ex analista de seguridad del Ejército de los Estados Unidos, condenada en 2013 a 35 años de cárcel por filtrar centenares de miles de documentos sobre la aberrante prisión de Guantánamo y cables diplomáticos sobre las guerras de Irak y Afganistán, información que fue publicada por WikiLeaks. Ni llegó a saber del experto en seguridad informática Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA y de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) que hizo públicos documentos secretos de estos organismos estadounidenses, incluyendo programas de vigilancia masiva sobre la población, una intromisión en la privacidad que, con la excusa de proteger a la ciudadanía frente al terrorismo, vulnera derechos civiles, individuales y políticos, y se vuelve eficaz e inmoral herramienta para combatir la disidencia.

Assange, Manning y Snowden no pusieron artefactos incendiarios en ninguna instalación corrupta, pero volaron por los aires el montaje de mentiras y abusos de los Estados, y la complicidad de sus principales socios, las grandes corporaciones: sus documentos filtrados han desvelado también que los representantes de las empresas multinacionales han tenido acceso directo a las negociaciones sobre el TTIP. Lo que hace quince años hizo Blair con sus promesas a Horne sobre la experimentación en animales se ha demostrado práctica común entre los gobernantes, sometidos a los intereses de las empresas. Y esa información sobre la absoluta falta de ética en el proceder de los poderes, que entonces solo conllevó el desprestigio del activista por los derechos animales, es hoy motivo de escándalo y mecha que ha encendido muchas protestas masivas a escala mundial.

El movimiento de liberación animal no es ajeno a las manipulaciones de los Gobiernos, que lo criminalizan, incluso a través de montajes policiales, para frenar su avance y salvaguardar los intereses económicos de las empresas de explotación animal (granjas, criaderos, laboratorios…). En España, doce activistas de Equanimal e Igualdad Animal, organizaciones por los derechos animales, fueron detenidos en 2011, acusados de una liberación de miles de visones en Galicia en la que no habían participado. En 2013 se añadieron 13 acusados más. Después se demostró que no había prueba alguna contra ellos y en 2015 la Audiencia de A Coruña archivó la causa por “la patente endeblez e inconsistencia de los indicios”, pero tres de los activistas habían pasado 19 días en prisión preventiva y los demás habían quedado en libertad con cargos. Detrás de las irregulares actuaciones del juez Vázquez Taín, condecorado por los cazadores gallegos, podía verse la mano negra del lobby peletero (su propia familia había tenido una granja). Lo que se perseguía, en realidad, era reprimir un movimiento cuya influencia era creciente y cuyo trabajo hacía visible las terribles condiciones de explotación y violencia a las que son sometidos los animales en las distintas industrias.

Taín acusó a los activistas de “ecoterroristas”, un término acuñado en los 80 por Ron Arnold, vicepresidente de un grupo de relaciones públicas financiado por las industrias de explotación animal. Como él mismo reconoció en 1991 a The New York Times, Arnold se inventó ese concepto con el propósito de acabar con el movimiento de los derechos animales: “Nosotros, el Centro para la Defensa de la Libre Empresa, hemos creado un sector de opinión pública donde antes no existía. Nadie pensaba que el ecologismo fuese un problema hasta que llegamos nosotros. Nuestro objetivo es destruir y erradicar el movimiento ecologista, estamos muy cansados. No vamos a aguantar más, vamos muy en serio y lo vamos a destruir”. Solo un año después, en 1992, las empresas relacionadas con la explotación animal en los Estados Unidos se constituyeron en poderoso lobby político y lograron sacar adelante una ley, la AEPA, que convertía en delito cualquier práctica que interfiriese en las empresas de explotación animal, dando al juez libertad para interpretar qué es interferir y qué no. Seis activistas fueron condenados a seis años de cárcel por gestionar una web. El lobby logró en 2006 una ley aún más represora: la AETA (Animal Enterprise Terrorism Act). Con la AETA en la mano, la mera grabación de las condiciones en que se encuentran los animales en una granja puede considerarse terrorismo.

Numerosas organizaciones europeas por los derechos de los animales han sufrido este proceso de criminalización y sus activistas han sido y son reprimidos, algunos con privación de libertad y larguísimas condenas de cárcel. En Austria se llevó a cabo en 2008 el mayor montaje policial contra el movimiento de los derechos animales: diez activistas pasaron tres meses en prisión preventiva incomunicada, gracias a las reuniones secretas que la mayor empresa peletera del país, Kleider Baüer, había mantenido con la policía para acabar con sus campañas de protesta. La jueza absolvió a todos los acusados y afirmó que la policía había mentido, había realizado investigaciones ilegales y había ocultado algunos de los resultados de su investigación. En España, el joven Juan Manuel Bustamante Vergara, conocido como Nahuel, lleva un año en prisión preventiva por su presunta pertenencia a la presunta organización terrorista Straight Edge Madrid. Nahuel es vegano y ha luchado desde prisión por el derecho a recibir una alimentación acorde a sus principios.

La manifestación antiespecista que se celebró el pasado 5 de noviembre quiso, pues, visibilizar a las víctimas de la gigantesca injusticia que se comete contra los animales, pero también recordar esa otra injusticia, la que se comete contra las personas activas en su defensa y el movimiento de liberación animal: desde las mentiras de los políticos hasta los montajes policiales, desde la intimidación ejercida por los poderes financieros hasta la criminalización puesta en escena por los poderes judiciales. Si el sistema –especista- no restara importancia -interesada- a los asuntos que afectan a los animales, todo ello sería objeto de escándalos como los que llenaron los titulares con la palabra WikiLeaks. De hecho, recientemente se descubrió (gracias al buzón Fíltrala) que la industria cárnica española había maniobrado con los medios de comunicación para contrarrestar el informe de la OMS que vincula el cáncer con el consumo de carne. Ofrecían “expertos en nutrición” para “evangelizar” a la sociedad. Entre ellos había pediatras que ejercen en los principales hospitales españoles, a quienes los empresarios de la carne pagaron 500 euros por su apoyo. Era un bombazo del sistema cuyo impacto no tuvo la onda expansiva mediática que merecía. Demostraba que la sociedad humana también es víctima de la violencia especista, y que no solo la sufren los activistas: engañar a la población es violencia, someterla a intereses económicos es violencia, enfermar a sus niños y niñas es violencia. Por los derechos de los animales, pues, pero también por ello, la lucha antiespecista es una una lucha política.