Tangana fiscal

Este Gobierno y sus socios han adquirido el mal hábito de plantear los debates correctos, pero abrirlos de la peor manera posible. Con el asunto de la armonización fiscal les ha vuelto a suceder. Fuese por las urgencias de anotarse tantos en campaña de ERC, fuese por la indeterminación del Ejecutivo, han lanzado tan mal el debate que el partido que recomendó oficialmente la armonización fiscal cuando estaba en el Gobierno y Mariano Rajoy lo presidía, el Partido Popular, ha podido presentarse fácilmente como el gran guardián de los bolsillos de, al menos, los madrileños.

Plantear una reforma fiscal contra alguien suele acabar donde ya estamos, en una discusión donde los números y la razón únicamente sirven si alimentan mensajes incendiarios contra el enemigo. El debate se reduce a dos posiciones, o infierno fiscal o paraíso fiscal, y el mundo se divide en dos clases de personas: los que vienen a quitarnos nuestro dinero y los que no. La política fiscal funciona como el fútbol que jugaba Maradona, lleno de matices, regates y sutileza; la brocha gorda solo conduce a la tangana.

Si alguien quiere plantear el debate sobre la armonización fiscal apelando a la razón y no a la bilis debería empezar por ordenar un poco la discusión, porque llevamos toda la semana mezclando a capricho cuestiones diferentes y comparando indicadores que valoran cosas diversas como si midieran lo mismo.

Lo primero sería examinar si existen evidencias que amparen la necesidad de una armonización fiscal. La respuesta es sí. Estudios como los presentados por los profesores López Laborda y Rodrigo Sauco (2017) o Agrawal, Foremmy y Martínez Toledano (2020) han acreditado cómo las diferencias fiscales benefician de manera predominante a la Comunidad de Madrid generando una intensa concentración de rentas altas, las cuales se aprovechan de la facilidad de cambiar de domicilio para capturar los beneficios fiscales mientras continúan su vida habitual en su comunidad de origen. Pagan impuestos en Madrid, pero parece probable que consuman los servicios y recursos públicos en su pueblo, generando un desequilibrio relevante.

Luego convendría examinar las causas que generan esa movilidad y la naturaleza de sus efectos. Existe bastante consenso en torno a que las causas residen en la diferente capacidad de las autonomías para bajar sus impuestos o tramos cedidos. Una posibilidad que siempre pueden aprovechar mejor las comunidades más ricas frente a las regiones más pobres, apremiadas por mantener sus ingresos. Sin ser el único, es el caso de Madrid, cuya capacidad recaudatoria un 45% superior a la media le da un margen superior para bajar impuestos sin perder recaudación. Una ventaja que puede maximizar una comunidad que además alberga a la capital de Estado, con el plus de beneficios e inversión pública que implica; más la garantía de poder ejecutar recortes continuos en su gasto sabiendo que, si sucede algo como una pandemia o una crisis económica, la red de seguridad del Estado se extenderá antes, más rápido y en mayor volumen en la capital.

Sobre la naturaleza de sus efectos existe mayor discusión. Puede elegir entre quienes defienden las virtudes de la competencia fiscal y aquello que Charles Tiebout denominó “votar con los pies” o quienes argumentamos que dicha competencia nunca será tal mientras uno o varios jugadores siempre tengan ases y reyes y los demás solo puedan aspirar a figuras menores; por lo tanto, debe regularse y limitarse.

Llegados a este punto cabe discutir las soluciones disponibles. Todas pasarían por fijar unas reglas mínimas que impidan la competencia desleal o con ventaja. Solo un cínico puede hablar en serio de competencia fiscal cuando existen diferencias de cerca de treinta puntos en términos de esfuerzo fiscal entre las diferentes autonomías. España, también en esto, es país donde el mayor esfuerzo fiscal siempre lo acaban haciendo los menos ricos.

El indicador que manejar para buscar unas reglas de armonización justas debe constituirlo el esfuerzo fiscal y las reglas deben buscar la convergencia entre los esfuerzos de los diferentes territorios. Hablar de armonización fiscal en términos de presión fiscal solo puede conducir a idénticas injusticias amplificadas. Un ejemplo sencillo: igual que no nos supone el mismo esfuerzo pagar un 21% de IVA por un ordenador a usted, a mí o a Amancio Ortega, no exige el mismo esfuerzo pagar Sucesiones a quien hereda el piso de sus padres viviendo de un sueldo medio que quien lo hereda siendo el consejero delegado de Telefónica.

Finalmente, no conviene mezclar estas cuestiones con la discusión en torno al impuesto de patrimonio o al impuesto de sucesiones. La monumental obra de Tomas Piketty El Capital en el Siglo XXI aportó abrumadora evidencia empírica sobre cómo la progresiva supresión de aquellos impuestos que gravaban la riqueza, especialmente las herencias, operan como causa motora del aumento de la desigualdad. Si usted se sitúa entre quienes creen que necesitamos reducir la desigualdad por el bien de la democracia, entonces querrá más impuestos que graven la riqueza; no estos viejos artefactos llamados Sucesiones y Patrimonio, llenos de trampas y absurdos, sino tributos modernos y bien construidos. Si piensa que la desigualdad no es su problema, entonces su problema será, efectivamente, que desaparezcan cuanto antes todos los impuestos que gravan la riqueza. Usted elige.