Los únicos jueces bragados
“¿Por qué hacer; oh necios!, trampas fuera de la ley, siendo tan cómodo hacerlas dentro de ella?”
El sistema es disfuncional porque casi todos lo han permitido. ¿Todos? No, un reducto de galos puñeteros han intentado que al menos en Europa reconocieran que aquí se juega con trampas. Y lo han logrado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de reconocer que el Constitucional español corrió un tupido velo sobre la refriega entre los dos grandes partidos que ha producido la mayor anomalía de la historia constitucional actual, a saber, que un órgano constitucional como es el CGPJ haya doblado su mandato (diez años en vez de cinco). Esta es la historia de cómo los propios jueces españoles han tenido que acudir a pedir amparo a los tribunales europeos a la vista de que en España se había echado una paletada de tierra sobre el caso, impidiendo que se revisara una situación totalmente anómala.
Es y era obvio que los procedimientos democráticos no se gripan sólo porque uno de los actores implicados desista. ¡Menuda chapuza serían si no! Así que, aún siendo cierto que el Partido Popular ha bloqueado en TRES ocasiones los acuerdos alcanzados para renovar el órgano de gobierno de los jueces, no lo es que tal penosa acción institucional cierre el juego y no permita enmendar la cuestión. Escribí hace tres años que era evidente que la legislación española no dicta que dos emisarios del PP y el PSOE se junten para pactar quién va al Consejo. Eso no lo pone en parte alguna. Lo que hay diseñado es un procedimiento completo por el cual los propios jueces proponen candidatos -sí, los jueces y sus asociaciones participan ya en el proceso- que son luego sometidos al Parlamento, donde deben obtener mayoría reforzada. Que para esa mayoría haga falta un acuerdo de PP y PSOE, porque en caso contrario no salen los números, no implica que el procedimiento se reduzca a esas conversaciones extraparlamentarias.
Eso lo saben todos los jueces de este país como lo sé yo y todo el no se quede en la espuma de las narrativas políticas. Así que sí, desde 2018 hay una lista de candidatos esperando a que los presidentes del Congreso y el Senado sometan a votación sus nombres. ¿Se ha hecho? Saben que no. Esta inacción, este incumplimiento de lo que de verdad dice la ley, los dejó en el limbo. Cinco años después sabemos por Estrasburgo que al hacerlo se vulneraron sus derechos. Algo que no sabemos por el Tribunal Constitucional español porque éste, como ha hecho en otras tantas cosas, bloqueó la posibilidad de pronunciarse y poner colorados a los representantes políticos que propiciaron o no resolvieron un bloqueo de tal gravedad. Esa es la vergüenza del Constitucional español, los colores que ahora les sacan sus superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso condenan a España. Por eso el TC va a tener que envainársela y resolver la queja de estos jueces sobre la paralización del procedimiento de renovación previsto.
Lo que los jueces de la Francisco de Vitoria encargaron a su abogado -Vicente Tovar, también magistrado en excedencia- no era lograr una resolución que reconociera que sus derechos habían sido vulnerados, o no solo, sino un resorte legal para conseguir que el TEDH se pronunciara sobre esa anomalía institucional que supone la no renovación. Asunto Bragado contra España, que hasta el nombre es premonitorio. A pesar de que no han llegado a resolver sobre esa falta de votación en las Cámaras, lo que si dicen claramente es que la única posibilidad de recurso que tenían los candidatos al CGPJ era ir al Constitucional y que éste les dio un portazo sin ningún razonamiento válido. Ya les digo yo, no hace falta que lo diga Estrasburgo, que los bienmandados ocupantes del tribunal en aquella fecha no tenían la más mínima intención de meterse en el berenjenal de decir públicamente que el Congreso y el Senado y sus presidentas y los propios grupos parlamentarios -del PSOE y del PP- estaban incumpliendo la ley. Así que se sacudieron la cuestión. Algo que es otra forma preocupante del TC de hacer política partidista, es decir, de no perjudicar o perjudicar, todo depende. Hay admisiones a trámite e inadmisiones que son toda una declaración y no precisamente de principios.
El Constitucional usó en este caso un subterfugio que era más bien el truco del almendruco, a saber, les dijo a los jueces candidatos que rechazaba por extemporáneo su recurso de amparo, dado que se presentaba fuera de plazo, marcando como inicio de éste unas fechas que se sacaron de las puñetas. “El Tribunal Constitucional no dio ninguna razón, ni las más elementales, para elegir esas dos fechas como principio para iniciar la cuenta del plazo” dice Estrasburgo y, por tanto, los recurrentes nunca podían haber previsto cuándo concluía este. Truco del almendruco bien barato y hecho por jueces a jueces sin que les importara una higa. Iura novit curia. Los jueces conocen el derecho. Todos sabían lo que estaban haciendo y lo que significaba. A pesar de ello, de que era evidente el descaro y la chulería con la que les mandaban a esparragar y les vulneraban sus derechos, sólo una asociación judicial, la Francisco de Vitoria, ha tenido los redaños y la perseverancia para iniciar un procedimiento en Europa que ahora, parcialmente, les da la razón. Ni la conservadora APM ni la progresista JpD -ambas con candidatos en las listas- movieron ni un papelito. Ellas sabrán por qué.
Lo importante de esta sentencia del TEDH es que determina que el Tribunal Constitucional debería haberse pronunciado sobre la inacción parlamentaria en la renovación del CGPJ. Recuerden, un parlamento que votó restringir las capacidades del CGPJ no renovado pero que no siguió hasta el fin el procedimiento legal para renovarlo. En el cálculo de los políticos no entraba hacerlo pero en el del sistema deberían haber sometido a los candidatos a votación y, de no salir por falta de acuerdo, haber reiniciado el procedimiento de nuevo y así sucesivamente. Eso, al menos, hubiera dado idea de la gravedad de lo que sucedía, hubiera escenificado una y otra vez la posición de los grandes partidos y, sobre todo, hubiera cumplido lo establecido por las leyes, que tampoco es cosa menor.
Ahora, tarde y supongo que mal, el TC tendrá que pronunciarse. España ha sido condenada. El puñado de jueces que siguió adelante con la cuestión tiene al menos la satisfacción de no haberse callado ante una injusticia y una anomalía manifiesta. Y es que, si hasta los jueces tragan con lo que saben tramposo, qué quieren, la cosa está mala.
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