Con la vivienda hemos topado

Los socios del Gobierno han acordado presentar, en un plazo de tres meses, un proyecto de ley para reforzar los controles sobre el mercado de alquiler de vivienda, que pasaría por el establecimiento de topes máximos a los precios y el abaratamiento de los contratos existentes mediante bonificaciones fiscales al arrendador. La iniciativa ha partido de Unidas Podemos, y el presidente Sánchez la ha acogido un poco a regañadientes, pues, ya se sabe, todo lo que huela a intervención del Estado en el sacrosanto mercado corre el riesgo de ser tildado de castrochavismo. La condición que puso Sánchez es que este espinoso asunto no se entremezclara con el debate de los presupuestos, por temor a que dificultase su negociación.

Imagínense por un momento qué pasaría si, en vez de esa iniciativa, el Gobierno anunciara que el Estado se hará con el 80% de las tierras y creará una gran constructora pública con el objetivo de que al menos nueve de cada diez ciudadanos residan en viviendas oficiales concesionadas por 99 años, al cabo de los cuales la propiedad revierta al Estado. “¡Ya lo advertíamos, llegó el comunismo!”, clamarían algunos en estado de pánico. Pues lo que acabamos de describir es el sistema que impera desde hace más de cuatro décadas en Singapur, uno de los alumnos modélicos del capitalismo. Pero dejemos de soñar con utopías asiáticas y volvamos al proyecto de los 'rojos' españoles, los que quieren destruir las instituciones y el Estado de derecho.

Poner techo a los precios de alquiler de vivienda y congelarlos durante algún tiempo es lo que acaba de hacer el Gobierno de izquierdas –SPD, Die Linke y Verdes– de Berlín. La medida entró en vigor en marzo pasado en medio de una fuerte controversia jurídica y económica. El máximo tribunal berlinés ha avalado la iniciativa, si bien tumbó la disposición que establecía su retroactividad a junio de 2019. El fallo se encuentra apelado por quienes consideran que se trata de un ataque contra el libre mercado. Al mismo tiempo, el Gobierno de Merkel mantiene una demanda ante el Tribunal Constitucional federal por considerar que las políticas públicas de vivienda competen al Ejecutivo central. Ante el embrollo judicial, muchos arrendadores están obligando a los inquilinos a firmar dos contratos alternativos –uno con sujeción a la antigua norma y otro a la nueva– a la espera de una sentencia definitiva. En el plano económico las cosas no están más claras. Al recortarse sus expectativas de beneficios, los propietarios –en su mayoría, poderosas compañías– han reducido drásticamente la oferta de vivienda de alquiler y se muestran más proclives a la venta, lo que podría desembocar en un cambio cultural indeseado en un país con una sólida tradición de alquiler. Y no faltan las trampas: más de un propietario se está cobrando por la derecha lo que pierde por izquierda, cobrando ilegalmente al inquilino ‘extras’ por el mobiliario, la cocina o lo que se le ocurra.

Desde la crisis de 2008, la oferta de vivienda pública se ha desplomado en un 90%, y la catástrofe del coronavirus amenaza ahora con mandar al zaguán de la historia unas políticas que tantos beneficios sociales han traído a España

España, a diferencia de Alemania, es un país de propietarios. Es un decir, pues durante muchos años el verdadero dueño es el banco y el pago de la deuda exige unos sacrificios económicos inconmensurables. Y si miramos el alquiler, España ocupa de lejos el primer lugar de Europa en cuanto a la porción del ingreso que hay que destinarle: más del 40%. En suma: precios estratosféricos tanto en venta como en alquiler de vivienda; salarios bajos, que además aumentan muy por debajo del incremento del precio de los pisos; alta informalidad laboral; excesivo desempleo, sobre todo entre los jóvenes… Es la sociedad que hemos construido, nunca mejor dicho. Y ahora, por si fuera poco, la pandemia. Ante este panorama complicadísimo, donde intervienen tantos elementos estructurales, habrá que ver qué impacto real tendría poner topes a los precios de alquiler, teniendo además en cuenta que en picaresca y ardides para birlar las normas no hay quien nos gane.

Sin restar mérito a la iniciativa de Unidas Podemos, la situación es tan apremiante que uno esperaría una reacción más agresiva del Estado para cumplir en serio, de una puñetera vez, el artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho de los españoles a una vivienda “digna y adecuada” y establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Sin llegar a la osadía de Singapur, el Estado debería convertirse en un actor potente del mercado inmobiliario mediante la construcción masiva de viviendas de protección oficial, sea para el alquiler o la venta. Y cuando hablamos de construcción nos referimos no solo a levantar alegremente bloques de cemento en medio de la nada, sino a crear núcleos urbanos amables y con servicios, en particular de transporte, de modo que los habitantes queden bien conectados con las ciudades. Desde la crisis de 2008, la oferta de vivienda pública se ha desplomado en un 90%, y la catástrofe del coronavirus amenaza ahora con mandar al zaguán de la historia unas políticas que tantos beneficios sociales han traído a España.

“La política de vivienda debería liberarse de este bajo protagonismo histórico y ganar peso si se quiere proteger la vivienda como un bien de primera necesidad que tiene un gran impacto en los presupuestos familiares y, sobre todo, en la calidad de vida y el bienestar de las personas. Una de las prioridades debería ser incrementar el parque de alquiler social, que actualmente es uno de los más bajos del continente. Así se reduciría el esfuerzo económico de la población más afectada y empezaría a ponerse fin a la manifiesta incapacidad del mercado libre de ofrecer unas condiciones residenciales adecuadas para toda la población”. No es el extracto de un discurso de Nicolás Maduro, sino de un reciente artículo del Observatorio Social de la Caixa.

Quedaría pendiente un debate más de fondo: la posible reforma de la Constitución para que el acceso a una vivienda digna y adecuada quede consagrado como un derecho fundamental, no como un mero principio rector de la política social, como es hoy. El experto en derecho hipotecario Dionisio Moreno resaltaba la “paradoja” de que entre los derechos fundamentales se encuentren la libre elección de residencia y la inviolabilidad del domicilio, pero “el objeto donde se materializan esos derechos fundamentales, la vivienda, no esté entre ellos”.

En 2011, por orden de Alemania, perdón, de la UE, se reformó la Constitución para introducir el compromiso de estabilidad presupuestaria y garantizar que el pago de la deuda “gozará de prioridad absoluta”. Si de verdad somos un Estado social y democrático de Derecho, como establece el artículo 1 de la Carta Magna, con mucha más razón debería plantearse una reforma constitucional para que algo tan esencial para el desarrollo de las personas como es el acceso a la vivienda se convierta en derecho fundamental y obligue al Estado a protegerlo. Un poco como Singapur.