Equipos de protección para auxiliares de ayuda a domicilio

Ya ha explotado la bomba, alimentada durante tantos años por las administraciones públicas, que adjudicaban servicios de residencia para personas mayores dependientes siempre a la oferta más económica en las licitaciones. Sin tener en cuenta la calidad y siempre con el mínimo personal. Con una ratio insuficiente de trabajadores de atención directa al usuario, un gerocultor o auxiliar de enfermería para cada 9 o 10 usuarios.

Esto se ha ido convirtiendo en un negocio estupendo, sobre todo para empresas de la construcción, que han invertido en ello, al ver un negocio boyante para sus bolsillos. Y así se ha venido manteniendo por años. Ahora hace falta que salte el servicio de ayuda a domicilio, al menos el prestado en la Comunidad de Madrid, por las mismas empresas, bien en la capital o en otros municipios. Me han llegado quejas de auxiliares, que atienden a personas dependientes, que están trabajando sin equipos de protección básicos.

Al menos una mascarilla, ya no hablo de equipos de protección (EPIs). Las auxiliares van a trabajar con miedo a ser contagiadas por el COVID-19 o a contagiar ellas mismas a los ancianos dependientes, que son mayoría, porque estas grandes empresas no les proporcionan el material necesario. Es vergonzoso que empresas como Sacyr Servicios Social −a la que en 2018 le adjudicó la Comunidad de Madrid un lote por dos años de 55,5 millones de euros por el servicio de ayuda a domicilio a 4.600 usuarios− no pueda comprar equipos de protección individual para sus profesionales de atención directa a estos usuarios.

Lo mismo está ocurriendo con la empresa CLECE, tampoco está protegiendo a sus trabajadores de ayuda a domicilio. ¿Cuándo se va a poner el foco de atención en este colectivo olvidado de trabajadores y personas dependientes que están en sus domicilios?