La primera, en la frente

Ya son historia los resultados de las elecciones autonómicas y locales recientes, y toca ahora a los actores, especialmente a los perdedores, analizar el por qué y cómo de sus resultados, más que nada para ver si alguien es capaz de reconocer los propios errores y tratar de subsanarlos para el futuro. Aunque a veces parece que no lo sepan, hay bastante gente que deposita sus esperanzas e ilusiones en ellos. A los demás, lo que nos queda es ir preparándonos para que las lluvias borrascosas que se avecinan, en forma de normas y actos de gobierno, no nos pillen desprevenidos y nos calen hasta los huesos.

En el caso valenciano la cosa ha empezado pronto. El todavía no investido Presidente ya anunciado sus primeras medidas fiscales consistentes en la supresión de los impuestos sobre el Patrimonio, y el de Sucesiones y Donaciones, y ante medidas de este tipo, que siempre lucen muy bien, cabe preguntarse primero a quién benefician, y luego qué impacto van a tener en la tesorería autonómica.

La respuesta a la primera de las cuestiones es bien sencilla: en lo que respecta al impuesto sobre el Patrimonio favorece a quienes tengan un patrimonio neto superior a 500.000€ (en el caso valenciano unas 22.600 personas de un total de 5 millones, es decir un 0,45%). No hay que profundizar mucho para advertir que sólo los que tienen un pasar más que holgado salen ganadores de la medida anunciada, y que esta para nada afecta al resto de los mortales con escaso o nulo patrimonio.

Lo mismo hay que decir respecto de Sucesiones y Donaciones. Así en bruto ganan quienes reciban bienes procedentes de quien los tenía para legarlos o donarlos. Como quienes nada tienen nada pueden legar o donar, la cosa no va con ellos. No vale alegar la injusticia de pagar por la vivienda o negocio familiar al fallecimiento de los padres, ya que estos negocios jurídicos están en la actualidad prácticamente exentos de tributación en toda las comunidades. Así que el ganador de la jugada será, por ejemplo, el vástago zángano de una familia de amplio patrimonio, que sin dar un palo al agua en toda su vida, recibirá gratis una riqueza sin haber hecho nada por ganarla, y sin que la sociedad que la ha hecho posible participe de ello.

Respecto la segunda de las cuestiones, la hacienda valenciana dejará de percibir unos cuatrocientos sesenta millones de euros con las medidas de gracia anunciadas. Por tanto los servicios públicos disminuirán su cantidad, calidad o eficiencia de modo proporcional a la merma en la recaudación. Y aquí hay perjudicados: todos aquellos a quienes su nivel de renta o patrimonio no alcanzan los mínimos que los harían tributar y para los que la existencia de unos servicios públicos de calidad y en cantidad suficientes les son necesarios para mantener un nivel de vida digno. Los beneficiados no los necesitan para vivir, en todo caso como instrumento para el medro y enriquecimiento propio. Aunque el gobierno valenciano no tardará en exigir más financiación al central para tapar los agujeros, trasladando así al resto de los españoles las consecuencias de su alegría fiscal.

Si esto no bastase para desacreditar las medidas, hay otro aspecto a considerar. La Constitución, esa norma sacrosanta para algunos y que lo mismo sirve para desacreditar al abstemio que para bendecir al alcohólico, según intereses y momentos, en su artículo 31 obliga a que el sistema tributario se rija por los principios de igualdad y progresividad. Por tanto las normas que regulan los diferentes tributos han de analizarse, no individualmente, sino como partes integrantes de un sistema que las engloba a todas, y parece evidente que una disposición que elimina tributos a los más ricos, rompe la progresividad exigida constitucionalmente. Considerados todos los tributos, la consecuencia de esta supresión es que los que más tienen pagarán menos, y los que menos lo mismo, ya que la otra reforma que se anuncia (la bajada de tipos del IRPF), se proyecta para todos los tramos por igual, lo que beneficia a los tramos de mayor de renta. En conclusión, no es solo una medida lesiva para los intereses públicos, además presenta claros indicios de inconstitucionalidad por tratarse de una regresividad contraria a la norma.

Si estas son las primeras medidas, esas que se toman para dar respuesta inmediata a lo que denominan clamor social, echémonos ya a temblar para las que se adopten una vez sentados y con más datos sobre la mesa. De momento parece que la M30 ya llega hasta el Mediterráneo.