Rastreadores de colegio en la nueva anormalidad

Tengo dos hijos de 8 y 7 años que van a un colegio público de Madrid. Nuestro CEIP tuvo el dudoso honor de ser uno de los primero centros educativos madrileños con una clase confinada: empezamos el curso el martes 8 de septiembre y el primer positivo confirmado saltó el jueves día 10. El positivo me tocó muy cerca: en el curso de mi hijo pequeño, pero en la otra clase. Nuestro colegio es de línea dos, un centro pequeño en el que casi todo el mundo se conoce. Por eso antes de que el cole comunicara oficialmente nada, el positivo ya corría por los chats de padres con especulaciones y comentarios muy variados. Normal, nadie se esperaba que esto pasara tan pronto.

El colegio activó enseguida el famoso protocolo siguiendo escrupulosamente las instrucciones teóricas que tenía en el papel. La directora, responsable Covid a falta de personal de enfermería en el centro, llamó a todas las familias de la clase afectada para informarles del positivo y contactó con “Salud Pública”: ese ente del que todos hablamos sin saber muy bien qué es. Lo hizo a través del teléfono indicado desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, pero resultó ser el número genérico a disposición de cualquier ciudadano. Ante la imposibilidad de hablar urgentemente con alguien que le diera instrucciones precisas, y sin tener competencias sanitarias, a las familias de la clase afectada solo les pudo “recomendar” que no llevasen a sus hijos al colegio al día siguiente.

El viernes también terminó sin respuesta a ninguno de los correos enviados por el colegio. El pobre equipo directivo “lo flipaba en colorines”. La recomendación de no ir al cole seguía vigente pero la clase no estaría oficialmente confinada hasta que no lo ordenara Salud Pública.  Las familias, cada vez más nerviosas por no saber a qué atenerse el lunes, empezaron a contactar con sus respectivos centros de Atención Primaria y sus seguros privados. Y la confusión fue en aumento porque cada pediatra daba unas instrucciones distintas. Además, quienes tenían más de un hijo se preguntaban qué debían hacer con los hermanos en otras clases burbuja. 

El sábado 12 de septiembre, dos días después de comunicar el positivo, Salud Pública contactó con el colegio (hoy sabemos que tuvimos suerte, que fue pronto). La dirección reenvió a las familias el correo recibido en el que se confinaba durante 14 días al grupo estable de convivencia, es decir, a la clase entera. Se les anunció también que serían contactados individualmente para hacer una prueba PCR a sus hijos. La tensión se relajó un poco.

Hubo familias que recibieron el mismo domingo la llamada de los famosos rastreadores pero otras tuvieron que ponerse en contacto con su Centro de Atención Primaria. A algunos niños se les hizo la PCR antes de la llamada oficial de Salud Pública (en hospital privado pero también en centros de salud públicos) y a otros se les dijo que hasta que esa prescripción no se notificara al pediatra, la prueba no era posible. Hubo resultados negativos en poco más de 24 horas y otros que llegaron la última tarde del confinamiento. En resumen: una auténtico guirigay.

En medio de todo este lío, el colegio arrancó las clases en remoto con los alumnos confinados por Jitsi Meet porque aún no funcionan las videollamadas por la plataforma EducaMadrid; las familias se buscaron la vida para quedarse en casas con sus hijos confinados no positivos; y los que tenían más de un hijo se enfrentaron al dilema moral y logístico de qué hacer con el/los hermanos/as. Según el protocolo estricto, tienen la obligación de confinarse los “contactos estrechos de un positivo” pero NO los “contactos de un contacto estrecho”. Es decir: os hermanos. Además, si son mayores de 6 años tienen el derecho y la obligación de estar escolarizados. Si los padres deciden no llevarlos a clase por “responsabilidad individual”, el colegio no tiene por qué proporcionarles una alternativa educacional como al grupo burbuja confinado. Tampoco tiene medios técnicos ni profesores extra para hacerlo, esa es la otra realidad. 

Y es en este punto cuando las madres y padres de las clases no confinadas empiezan a mirar de reojo a los hermanos de las clases confinadas. Es decir: a falta de rastreadores, los policías de balcón del confinamiento duro se han convertido en los rastreadores de colegio de la nueva normalidad, que de normal tiene muy poco. Y son las propias familias. Las mismas familias a las que ahora nos les ha tocado un positivo en clase. Todavía.

Este jueves 24 de septiembre se confirmó un positivo en la clase de mi hijo pequeño.  Irónicamente, el mismo día que 2ªA vuelve a nuestro colegio, 2ª B se confina de momento por “recomendación”.  Veremos si esta vez Sanidad Pública tarda sólo dos días en contactar con la dirección del centro. La mañana del viernes he dejado al pequeño en casa y he llevado al mayor al colegio. El lunes, ya veremos cómo me apaño porque ese día mi marido vuelve a la oficina tras seis meses teletrabajando y pese a que en Madrid nos han “recomendado” limitar la movilidad al máximo. Al menos yo estoy en el paro, una “suerte” con el curso que nos espera. 

He decidido llevar a mi hijo de 8 años al cole en cumplimiento estricto del protocolo indicado en la “Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos”: él es un contacto de un contacto estrecho que no tiene la obligación de confinarse y sí el derecho a estar escolarizado. El sentido común me dice que lo conveniente habría sido esperar a que a su hermano le hagan la PCR y le salga negativa. Pero en cuanto nos confirmaron el positivo de su clase, me adelanté a Salud Publica y hablé con mi pediatra. Me vino a decir en confianza que “esperara sentada”, que hasta que un rastreador no contacte con nosotros y prescriba la prueba a mi hijo, en nuestro saturado Centro de Atención Primaria solo le pueden hacer la PCR si tiene síntomas. Estando como están las cosas, es probable incluso que termine la cuarentena sin prueba ni resultados.

Sus compañeros con seguro privado, ya tienen la PCR hecha y sus familias pueden gestionar con datos clínicos el dilema moral de los hermanos. Yo, por mi parte, cumpliré cívicamente las instrucciones de ese ente llamado Sanidad Pública, obviando las miradas reprobatorias de los rastreadores de colegio (esos no escasean). Y mientras firmo la autorización que me acaba de mandar la tutora de mi hijo confinado para que consienta el uso de Jitsi Meet en las clases online porque la plataforma EducaMadrid no funciona aún, pienso con impotencia y amargura que los que nos “gobiernan” han apelado demasiadas veces a nuestra responsabilidad individual mientras no cumplen con la suya. 

“Estimada Doña Elena Andrada Aragonés, DG de Salud Pública de Madrid: siento el marrón que tiene usted encima. Pero su marrón es el nuestro (…)”