Los salarios públicos no se improvisan en campaña electoral
La proximidad de unas elecciones parece convertir cualquier decisión gubernamental en sospechosa de electoralismo. Es lo que sucede con la subida salarial del 4,5 % prevista para las y los empleados públicos en 2027, cuya aprobación coincide con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero la coincidencia temporal no demuestra que una medida haya sido concebida para obtener votos. Para valorar esa acusación hay que acudir a sus antecedentes, si los hay.
El 27 de noviembre de 2025, el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT y CSIF suscribieron el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía. Establecía incrementos retributivos para 2025-2028: un 2,5 % en 2025; un 1,5 % fijo en 2026, más un 0,5 % condicionado a la inflación; un 4,5 % en 2027, y un 2 % en 2028. La suma alcanza hasta el 11 %, aunque el efecto acumulado de aplicar sucesivamente las subidas puede ser superior.
No se trata de una cifra ideada durante la campaña. El Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, ya articuló los incrementos de 2025 y 2026, y el acuerdo plurianual fue publicado oficialmente. La aprobación de la subida de 2027 debe analizarse a la luz de ese compromiso previo. Es legítimo discutir el momento elegido para aprobarla o anunciarla; no lo es presentar su contenido como una novedad electoralista.
Hay una pregunta de fondo: ¿deben quedar suspendidos los compromisos negociados entre las Administraciones y sus trabajadoras cuando se convocan elecciones? La negociación colectiva en el empleo público, regulada por el Estatuto Básico del Empleado Público, no puede reducirse a un instrumento de propaganda. Los acuerdos requieren, en su caso, las normas y dotaciones presupuestarias necesarias para aplicarse. Su cumplimiento forma parte de la responsabilidad institucional, aunque el calendario de ejecución pueda ser objeto de escrutinio.
Las y los empleados públicos tampoco son destinatarios de una dádiva gubernamental. Son profesionales que garantizan derechos y sostienen servicios esenciales: sanidad, educación, justicia, servicios sociales, políticas de empleo y gestión administrativa. Sus salarios retribuyen un trabajo y sus actualizaciones deben examinarse en relación con la inflación, las pérdidas de poder adquisitivo y las necesidades de personal.
Durante años, las plantillas públicas soportaron congelaciones y restricciones retributivas, especialmente tras la crisis financiera. Una subida nominal no equivale automáticamente a una recuperación íntegra de la capacidad de compra perdida. El acuerdo debe valorarse comparando salarios y precios a lo largo del tiempo, sin convertir el 11 % pactado en una supuesta compensación total de las pérdidas anteriores.
Pero también un empleo público tiene que ser capaz de atraer y retener profesionales, afrontar el relevo generacional y responder a nuevas necesidades sociales exige planificación, organización y condiciones laborales adecuadas. La mejora salarial no resuelve por sí sola los problemas de los servicios públicos, pero tampoco puede desligarse de su calidad.
Los incrementos retributivos tienen costes presupuestarios y efectos permanentes. Deben explicarse su financiación, su distribución entre administraciones y su compatibilidad con otras prioridades. Ese debate es necesario. Lo que no ayuda es sustituir el examen de las cifras y los compromisos por una imputación genérica de intenciones.
Un Gobierno puede buscar rédito político al comunicar una decisión, más aún durante una campaña. Pero aprovechar comunicativamente una medida y haberla improvisado para las elecciones son afirmaciones distintas. La existencia de un acuerdo anterior no prueba cuáles son todas las motivaciones del Ejecutivo; sí permite verificar que la subida de 2027 estaba prevista mucho antes de la convocatoria electoral.
La crítica política gana solidez cuando distingue los hechos de las interpretaciones. La ciudadanía merece conocer qué se pactó, cuándo, con quién y mediante qué instrumentos se cumple. Y las personas empleadas públicas merecen que sus condiciones laborales no se utilicen como simple argumento de confrontación.
El debate relevante es si España dispone de una política retributiva y de gestión de personas capaz de sostener servicios públicos accesibles y de calidad. Cumplir compromisos negociados, con transparencia y responsabilidad presupuestaria, debería formar parte de la normalidad institucional, también cuando se acercan las urnas.
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