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El Abogado General del TUE avala prohibir y sancionar actividades de transporte ilegales como UberPop

EUROPA PRESS

BRUSELAS —

El caso enfrenta en Francia a la plataforma estadounidense Uber con las autoridades, que han encausado a la marca por ofrecer su servicio de contacto entre clientes y conductores particulares no profesionales que realizan el transporte con sus propios vehículos particulares.

Uber sostiene que Francia debería de haber notificado a la Comisión Europea los cambios en normativos y técnicos que han permitido abrir el caso, porque así lo exige la directiva de servicios de la sociedad de la información, y que no haberlo hecho invalida el proceso.

En sus conclusiones de este martes, el letrado Maciej Spuznar responde que el servicio UberPop “está incluido en la ámbito del transporte” y que sólo se refiere a la actividad digital de manera “incidental”, por lo que no es necesario que el país notifique a Bruselas el proyecto de ley.

La ley gala que regula la actividad de transporte de pasajeros prohíbe a los conductores no profesionales ejercer esta actividad porque no disponen de las autorizaciones necesarias para hacerlo.

Es la segunda ocasión este año en que Spuznar se pronuncia para situar este modelo de economía colaborativa dentro del sector del transporte y no como mera plataforma digital.

En unas conclusiones del pasado mes de mayo sobre el caso que enfrenta al gremio de taxistas de Barcelona con Uber, el mismo abogado del TUE advirtió de que la plataforma digital UberPop ofrecía un servicio de transporte al que se puede exigir licencia y otras autorizaciones para prestar servicio en los países de la UE.

Las opiniones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal europeo, que dictará sentencia más adelante, pero en la mayoría de los casos sus conclusiones coinciden con el fallo definitivo.

Por ello, un portavoz de la compañía citado por la agencia Reuters ha optado por la cautela y dicho que estudiará el pronunciamiento del magistrado europeo, pero que esperarán a conocer la sentencia definitiva más adelante este año.

También ha recalcado que el caso se refiere a un tipo de servicio que dejó de llevarse a cabo en 2015 en Francia, en donde sólo trabajan desde entonces con conductores “con licencia profesional”.

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