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Arranca el juicio contra Carlos Fabra por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal

Ningún miembro del PP acompaña al expresidente de la Diputación de Castellon en la primera sesión del juicio oral

Anticorrupción pide 13 años de prisión para el exdirigente del PP

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Rubalcaba afirma que "un político tiene que ser juzgado rápido"

Carlos Fabra a su llegada a la Audiencia Provincial de Castellón

El juicio contra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, arranca este miércoles tras diez años de investigación. El exdirgente del PP ha llegado al juzgado donde tendrá que defenderse ante los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal de los que está acusado. Ningún miembro del PP ha asistido como muestra de apoyo al que fue también presidente del PP en la provincia.

Los hechos por los que se juzga a Fabra se remontan a hace una década. La investigación ha sufrido un largo retraso. La instrucción pasó por las manos de ocho jueces hasta que el noveno, Jacobo Pin, la finalizó y ordenó la apertura del juicio oral en el mes de marzo. La Audiencia Provincial intentó que se excluyera el cohecho de los delitos de los que se acusaba al expresidente de Castellón. El juez Pin pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial al considerar que se había "perturbado" su independencia. El Tribunal Supremo dio vía libre al juez de instrucción de Nules para que procediera "con absoluta libertad de criterio".

La investigación 'del caso Fabra' se abrió en 2003 tras dos querellas presentadas contra el también expresidente provincial del PP de Castellón por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios. 

Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación por parte de los ministerios de Agricultura y Sanidad, y entonces Vilar decidió acudir al presidente de la Diputación utilizando la amistad que unía a las esposas de ambos.

Según el juez instructor, Fabra inició una mediación con autoridades y funcionarios de ambos departamentos gubernamentales para agilizar la autorización de los productos de la empresa de Vilar.

Entre otras gestiones, se reunió con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, que también será juzgado por "presionar" a altos funcionarios para este mismo fin. Cuando finalmente se aprobó una de las líneas de producto más importantes de Naranjax, Fabra le requirió a Vilar 150.000 euros por su mediación.

Hacienda también denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004. Fabra y su esposa defraudaron 880.000 euros y más de 580.000, respectivamente.

La Fiscalía pide trece años de prisión para el político y una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.

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