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La Audiencia Provincial reabre el caso Interligare

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La Audiencia Provincial reabre el caso Interligare

La Audiencia Provincial reabre el caso Interligare

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado reabrir el caso Interligare, en el que se investiga un supuesto caso de adjudicaciones irregulares a esta empresa, vinculada a antiguos mandos policiales, por parte del Ministerio del Interior durante el último gobierno socialista.

En un auto fechado el 30 de diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Efe, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid en junio de 2014.

Al respecto, el juez de instrucción manifestó que "no existe sospecha de la comisión de ningún delito ni de cohecho ni de tráfico de influencias" por parte de los funcionarios públicos investigados.

Se trataba de Miguel Ángel Fernández Rancaño, Gabriel Fuentes González, Antonio Vicente Pecharromán, Alicia Álvarez Izquierdo, Francisco Villanueva Díez, José Luis Martín Juárez, Carlos Durán Ortiz, Luis Luengo Alfonso, Alexandre Hermida Mondelo y Jesús Cruz Ucieda. Pero Anticorrupción recurrió.

La Sala considera "prematuro" el cierre del proceso sin practicar las diligencias de instrucción solicitadas por la Fiscalía, en concreto "la declaración de aquellos funcionarios de policía que estuvieron presentes en las reuniones celebradas en la Comisaría General de Información con representantes de Interligare".

"Es necesario conocer con mayor detalle aquellas disconformidades que ya se pusieron de manifiesto sobre el trabajo que estaba realizando" en aquellas reuniones, máxime cuando se han aportado una serie de notas y notas de los encuentro.

Por ello, el titular del Juzgado de Instrucción Número 36 de Madrid dictó un auto el pasado 25 de enero en el que pide a la Fiscalía que le haga saber cuales son los funcionarios, cuya declaración considera imprescindible para la investigación del presunto delito de cohecho y tráfico de influencias.

El caso da cuenta de un supuesto caso de adjudicaciones irregulares a la empresa Interligare, vinculada a antiguos mandos policiales, por parte del Ministerio del Interior, cuando estaba dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. También incluía un presunto espionaje de la misma a la sede del PP. Todo ello se archivó en junio de 2014.

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