Borrell admite que será complicado y costoso gestionar el Brexit, pero pide no sembrar “alarmas infundadas”

Ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), Borrell ha indicado que le cuesta creer que finalmente no se llegue a un acuerdo sobre la salida del Reino Unido, pero reconoce que no se puede excluir y que, tras las últimas votaciones en el Parlamento británico, con el rechazo a la prórroga y el mandato a una negociación que no se sabe cómo desembocará, “la sensación de que no estamos avanzando se ha instalado un poco”.

“A medida que pasa el tiempo, todo el mundo toma conciencia de que se va a producir y se empiezan a tomar medidas costosas”, ha admitido.

DECRETO LEY A PRINCIPIOS DE FEBRERO

En España, según ha reiterado, el Gobierno quiere aprobar a principios de febrero un decreto ley con medidas que mitiguen los efectos de un Brexit duro, de cuyo texto está hablando con la oposición. “No se puede esperar más --ha dicho--. Si a mediados de febrero las cosas siguen igual, hay que tomar medidas”.

En esa norma urgente se regularán aspectos comerciales, financieros, de transporte, aduanas y otros campos, teniendo como prioridad a los ciudadanos, ya que España es el país con más residentes británicos y uno de los primeros con nacionales allí.

Reconoce que, de producirse ese Brexit sin acuerdo a finales de marzo, será una situación “complicada de administrar”, y que tendrá su coste en aspectos como las aduanas, que habrá que reforzar porque lo que llegue del Reino Unido pasa a ser ajeno a la Unión Europea. “Espero que sepan que esto obligará a aumentar el gasto público porque habrá que reforzar las aduanas”, ha apostillado.

IBERIA DICE NO TENER PROBLEMA

Eso sí, ha pedido a la oposición no caer en “alarmismos” porque los derechos de los ciudadanos, tanto los españoles que viven en las islas como los británicos que residen en nuestro país, “están ya garantizados”. “Hago una llamada a no sembrar alarmas”, ha insistido.

Y ha puesto el ejemplo de Iberia, integrada en el grupo británico IAG, sobre la que ha subrayado que la propia compañía asegura que no tendrá problema para seguir operando porque las condiciones de su propiedad son compatibles con las normas comunitarias.

“La empresa nos dice que está en condiciones de pasar a jugar en un terreno diferente y yo no puedo ir más allá de lo que me dice la empresa”, ha zanjado.