Caos y destrucción siguen imperando en el Congreso paraguayo tras el incendio

El caos, el desorden y la destrucción siguen siendo hoy la tónica imperante en las oficinas y despachos de la Cámara de Senadores, en el edificio del Congreso de Paraguay, que el pasado 31 de marzo fue parcialmente incendiado por manifestantes durante las protestas contra la reelección presidencial.

El Congreso, en el centro de Asunción, fue el epicentro de las protestas, en una jornada de disturbios y violencia que se cerró con decenas de heridos, más de 200 detenidos y un joven militante opositor fallecido cuando la policía entró en la sede del Partido Liberal, en el que militaba.

Las instalaciones en el subsuelo, en la primera y en la segunda planta de la Cámara de Senadores fueron las más dañadas por el incendio, mientras que la sala bicameral y las instalaciones de Diputados no fueron alcanzadas por las llamas.

Se observa al entrar a la Cámara alta que el escáner y los detectores de metales que antes custodiaban el acceso al edificio ahora aparecen quemados en las escalinatas de acceso, entre acreditaciones para visitantes medio chamuscadas y montañas de cenizas que una vez fueron documentos.

A un lado, una peana de madera ennegrecida de humo hace las veces de “Oficina de información ciudadana”, mientras el suelo cruje, recubierto de los vidrios de las cristaleras hechas añicos que hasta hace diez días formaban parte de las paredes de espejo del Palacio Legislativo.

Algunos funcionarios, acompañados del personal de seguridad, buscan entre los escombros de lo que fue la mesa de entrada del Senado, con la esperanza de rescatar de este cementerio legislativo alguna carpeta con datos preciados.

Mientras, varios peritos evalúan los daños en las estructuras y equipamiento del edificio, que se encuentra protegido por una póliza de seguros, según dijo a Efe una fuente del personal de seguridad del Congreso.

Dos fotocopiadoras completamente calcinadas y varias sillas transformadas en un amasijo de hierros completan el cuadro en la sala de reprografía.

En este cuarto, el suelo está alfombrado de actas de sesiones y proyectos legislativos, que hoy son papel mojado por las goteras que caen, incesantes, de los destrozados conductos de refrigeración ocultos en el falso techo.

“Cuidado con el cielorraso (falso techo), se está cayendo a pedazos”, advierte un guardia de seguridad, mientras en lo que queda del techo de la primera planta del Senado se abre un cráter del que penden cables pelados y lámparas derretidas por el fuego.

Los pasillos de la Cámara alta lucen casi irreconocibles, con las paredes tapizadas de hollín y un penetrante olor a quemado que recuerda el reciente desastre.

En las oficinas de los senadores, el panorama no es más alentador: los ordenadores están destrozados por los golpes y los cajones de los escritorios han quedado boca abajo, arrasados por un vendaval de saqueadores.

Pese a ese escenario, en el interior del Congreso paraguayo no se registraron daños humanos cuando un grupo de manifestantes armados con piedras, petardos y combustible irrumpieron en la sede legislativa.

Por estos hechos fueron imputadas este fin de semana 16 personas, acusadas de perturbación a la paz pública, y una de ellas por hurto agravado, al haber sustraído presuntamente un televisor del interior del Congreso.

El edificio estuvo lacrado desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril, cuando una comitiva de fiscales, peritos arquitectos y expertos del laboratorio forense de la Fiscalía terminaron de recopilar evidencias y analizar los daños en el lugar.

Los disturbios se trasladaron después a las calles del centro de Asunción, donde la intervención de la policía dejó decenas de heridos y más de 200 detenidos.

Posteriormente murió Rodrigo Quintana, de 25 años, supuestamente abatido por la policía, que entró por la fuerza a la sede del Partido Liberal, en el que militaba la víctima, un hecho que sigue bajo investigación.

El germen de las protestas fue la aprobación por parte de 25 senadores de una enmienda constitucional para la reelección presidencial, que persiguen tanto el actual mandatario, Horacio Cartes, como el expresidente Fernando Lugo (2008-2012).