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Castilla y León excluye de un concurso a una constructora que tuvo el pliego de condiciones antes de que se publicase

La Junta de Castilla y León ha expulsado a la UTE Padecasa-Vías y Servicios de un concurso para una obra de 17 millones pero evita llevar el caso a la Justicia

Entre la documentación que remitió la unión de empresas para solventar un defecto de forma había evidencias de que contó con el pliego secreto antes que sus rivales

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Acta número cuatro de la mesa de contrataciones. Junta de Castilla y León

Acta número cuatro de la mesa de contrataciones. Junta de Castilla y León

La UTE formada por Padecasa, una de las constructoras más importantes de Castilla y León, y una filial de ACS, Vías y Servicios, recibió el pliego de condiciones de un concurso para la construcción de un edificio antes de que lo hiciste público la Junta, la administración que licitaba la obra.

Esa es la conclusión a la que ha llegado la mesa de contratación del Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León, que ha acordado excluirla del procedimiento, si bien ha evitado remitir el expediente a la Fiscalía o interponer una denuncia en un juzgado. Se ha limitado a dejar el asunto en manos de la Inspección de Servicios.

La historia arranca hace unos meses. Al concurso para la construcción de un edificio para el Parque de Proveedores de la Junta se presentaron 18 constructoras. Entre ellas, algunas tan conocidas como Acciona, Ferrovial o FCC. En la primera de las actas, fechada el 18 de abril, cuando se abrió el primer sobre sobre la documentación de las empresas, la mesa de contratación detectó que en los datos de la UTE Padecasa-Vías y Construcciones había indicios suficientes para motivar su exclusión, sin posibilidad de que la oferta fuese subsanada. El procedimiento siguió adelante pero, según se refleja en otra acta de 12 de junio, Padecasa, enterada de su expulsión, manifestó su "total disconformidad" y entonces se decidió que los errores de la UTE sí podían ser subsanados. El 18 de junio se examinó la documentación presentada de segundas.

"Se observa que las dos empresas integrantes de la referida UTE presentan un DEUC (Documento Europeo Único de Contratación que consiste en una declaración de la situación financiera de la empresa y su idoneidad para participar en procesos de licitación) en el que, a pesar de habérseles advertido expresamente, siguen sin acreditar la clasificación exigida en el PCAP (Pliego de Condiciones Administrativas) que rige la presente licitación, presentando unas clasificaciones que coinciden con las inicialmente ya rechazadas",  dice el acta de la siguiente reunión. Como el plazo de subsanación acababa al día siguiente y había tiempo para corregir lo que parecía un error, se acordó que el secretario de la Mesa contactase con la UTE para aclarar si se había producido una confusión.

Cuando el secretario contactó con la Ute, y comunicó que se había vuelto a remitir la documentación con el mismo error, la persona de contacto afirmó que habían remitido la clasificación (una serie de letras y números)  que exigía el pliego de fecha 21 de febrero de 2018.  Así saltó la alarma: el secretario le informó de que el pliego no se publicó el 21 de febrero, sino el 3 de marzo. A continuación, le envió por mail la clasificación que debía presentar, así como el pliego de condiciones. "Yo no sé de dónde puede venir nuestro error y cómo tenemos ese pliego con otra clasificación", contestaron.

Al día siguiente, la UTE remitió la documentación y a través de un email intentó justificar el dato que se había escapado: la evidencia de que la empresa manejaba los pliegos desde el 21 de febrero, once días antes de su publicación, y que estos contenían una calificación distinta.

"Ayer estuve mirando de dónde podía venir el error y efectivamente rellenamos una ficha al principio de la licitación con todos los datos de la misma y ahí pusimos mal la clasificación, me imagino que partimos de la ficha de la nave anterior y hemos arrastrado el error todo el tiempo", decía el mail.

La explicación no sirvió de nada. El secretario recurrió a la plataforma electrónica de contratación y comprobó las versiones del pliego de condiciones del concurso. Existía una versión del 21 de febrero anterior a la definitiva. Es en esa primera versión en la que, tal y como reveló involuntariamente la Ute, constaban unas clasificaciones que presentó, pero que se modificaron en la versión final del pliego. La conclusión que sacaron los técnicos es que alguien hizo llegar esa primera versión. Cuando el Secretario comunicó al resto de miembros de la mesa lo ocurrido, se convocó una reunión el 19 de junio, pero "siendo conscientes de la trascendencia de los hechos" se suspendió la sesión "para proceder a valorar alternativas, consultar y estudiar con base a la jurisprudencia o informes de otros órganos que pudieran haberse pronunciado sobre hechos similares".

Al día siguiente, el 20 de junio, continuó la reunión y se planteó desistir de esa licitación, vistas todas las pistas que apuntaban a una vulneración del principio de igualdad y transparencia entre licitadores. Pero surgen dudas y de nuevo se suspendió la reunión para recibir asesoramiento. Dos días después, el 22, la mesa consideró que "existían indicios suficientes" para entender que uno de los licitadores vulneró el principio de igualdad de trato y transparencia "al haber accedido a documentación, concretamente al pliego de cláusulas administrativas particulares, con carácter previo a su publicación, situándose por ello en una situación de ventaja respecto a los demás licitadores". Pero decidieron no optar por el desistimiento (anulación de procedimiento)  por no considerar que fuese una infracción no subsanable. "Detectada la existencia de una situación de ventaja de una empresa bastaría con que se elimine del procedimiento a quien ha resultado beneficiado". Así, se acaba excluyendo a la Ute Padecasa Obras y Servicios SA-Vías y Construcciones SA.

No es la primera vez que Padecasa se encuentra en una situación sospechosa. En 2011 saltó el caso de las obras amañadas por la constructora CHM, que pactó precios con otras empresas para conseguir licitaciones del Ministerio de Fomento. Padecasa, la constructora que más factura en la provincia de Ávila, apareció en el rastro contable de pagos a las empresas del cártel. Vías y Construcciones formaba parte de él y la Comisión Nacional del Mercado de Valores le impuso una multa.

También aparece Padecasa entre las constructoras que se beneficiaron de una fórmula ilegal del Ministerio de Fomento que favorecía el dedazo.  Aún así, Padecasa no entró en ninguna lista negra. En diciembre de 2015, en plena campaña electoral, el candidato a presidir el PP, Pablo Casado, la elegía para hacer una visita. "Facilitar las condiciones para que las empresas puedan salir adelante es un compromiso de Mariano Rajoy para los próximos cuatro años", dijo entonces. 

Este diario intentó conocer la versión de los hechos de Padecasa y de Vías y Construcciones, sin éxito.

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