El Congreso analiza hoy si levanta el veto del Gobierno a la subida de pensiones

La Mesa del Congreso analiza hoy si levanta el veto decretado por el Gobierno a la tramitación de una proposición de ley firmada por todos los grupos de la Cámara, salvo el PP y Ciudadanos, que pide una subida de las pensiones del 1,2 por ciento para el año que viene.

El órgano de la Cámara, en el que el PP no tiene mayoría, estudiará también un informe jurídico sobre el resto de los vetos del Ejecutivo a una quincena de proposiciones de ley de los grupos, entre ellas la paralización del calendario de implantación de la LOMCE y otra de reforma del Estatuto de los Trabajadores.

La discusión entre el Gobierno y el Congreso podría acabar con un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional al igual que ocurrió en la pasada legislatura cuando el Ejecutivo en funciones se negó a ser sometido al control parlamentario.

La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta quincena de iniciativas parlamentarias.

Según el Gobierno, sólo la subida de las pensiones acarrearía un coste de 1.150 millones de euros.

Un gasto adicional que, alerta el Ejecutivo, tendría que ser financiado por el Estado, “sin que se proponga una fuente de financiación” para pagarlo.

El PSOE ha pedido a la Mesa del Congreso que rechace ese veto del Gobierno porque, a su juicio, no está suficientemente razonado.

“La Proposición de Ley no afecta en absoluto al presupuesto vigente -que es sobre el que el gobierno puede vetar iniciativas que supongan un incremento del gasto-, en cuanto que sus previsiones se refieren exclusivamente al ejercicio 2017”, señala el PSOE.

No obstante, no parece que Ciudadanos -con dos miembros en la Mesa- se vaya a alinear esta vez con la oposición y todo indica que votará con el PP para oponerse a la tramitación parlamentaria de esa subida unilateral de las pensiones.

El Gobierno ha dejado claro que su intención no es imponer sus tesis sino garantizar que una ley capital como son los presupuestos no queda modificada por otras normas de menor rango.

“Es una cuestión de trasfondo político y esperamos que la Cámara lo reconsidere”, ha destacado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha remarcado que se trata de una controversia jurídico-constitucional que es necesario resolver.

No obstante, el Ejecutivo ha avanzado ya que si la Mesa del Congreso vuelve a desestimar su solicitud y continúa con la tramitación parlamentaria de las proposiciones vetadas, ello “abocaría al Gobierno al planteamiento del conflicto ante el Tribunal Constitucional”.