Constitucional de Guatemala da trámite al amparo de abogados a favor de la Cicig

La Corte de Constitucionalidad dio trámite este viernes a un amparo presentado por un grupo de abogados a favor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato expira el próximo 3 de septiembre.

El máximo tribunal del país indicó en un fallo que “admite para su trámite el amparo” en contra del presidente Jimmy Morales y ordena al mandatario remitir un informe circunstanciado en el término de 48 horas después de ser notificado.

El pasado miércoles, un grupo de abogados interpuso un amparo para evitar la salida de la Cicig por un supuesto conflicto de intereses de Morales en su afán de finalizar el mandato de la entidad de Naciones Unidas.

Los abogados aseguraron que la decisión del mandatario de no renovar a la Cicig se debe a un conflicto de intereses debido a que en 2016 había hecho pública su intención de ampliar la estancia de la Comisión hasta 2021.

Uno de los abogados, el representante de la organización Alianza por Reformas, Álvaro Montenegro, aseguró a la prensa que hace tres años, durante su primer año en el cargo, Morales se adelantó y envió una carta a Naciones Unidas “donde manifestó su interés de que la Comisión continuara hasta 2021”.

Sin embargo, en septiembre de 2018, rodeado de militares, Morales anunció que la Cicig no iba a continuar “por lo que creemos que en ese lapso de tiempo se generó un conflicto de intereses, además de que (el presidente) está actuando en contra del bien común del pueblo de Guatemala”.

El presidente de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Edie Cux, advirtió que entre 2016 y septiembre de 2018 Morales “fue señalado en casos de corrupción y de financiación electoral ilícita”, luego de “haber manifestado primeramente la decisión de prorrogar a la Cicig hasta 2021”.

El martes pasado, la Cicig presentó su informe final de labores, en el que repasa, en una línea de tiempo, su actividad de acompañamiento al Ministerio Público (Fiscalía) durante los últimos 12 años.

Bajo el lema “Juntos lo hicimos”, el ente auspiciado por Naciones Unidas, que empezó a funcionar en 2007 para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados dentro del Estado, exigió que se continúe con el “legado” que se ha levantado para la construcción de la democracia y la lucha anticorrupción.