La Corte de Cuentas de El Salvador ocultó millonaria malversación de Saca

La Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador ocultó la malversación de más de 300 millones de dólares del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) al realizar varias auditorías irregulares, según la declaración dada hoy por un auditor en el juicio contra el exmandatario.

El testigo, quien fue coordinador general de auditorías en la CCR, señaló que el presidente de la entidad fiscalizadora en esa época, Hernán Contreras, le pidió que realizara entre 2005 y 2009 “exámenes especiales” a la ejecución de los fondos de la cuenta de “gastos reservados” de la Presidencia.

Explicó que el funcionario, quien encabezó la CCR por unos 20 años en dos etapas diferentes, le pidió que hiciera estas auditorías obviando los procedimientos acostumbrados, desde su oficina y que “considerara que eran gastos reservados”.

El testigo aseguró ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia que recomendó la creación de un “equipo de trabajo e ir a donde estaban la documentación”, como se realizaban en otros casos.

“La Constitución y demás leyes no definen que no se deben verificar los gastos reservados, solo que no se deben publicar ni dar a conocer”, sostuvo el auditor.

Relató que la única documentación que la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia le entregó fue un estado de ejecución presupuestaria, las solicitudes de refuerzo al presupuesto enviadas al Ministerio de Hacienda y las respuestas de las mismas.

“No se podía comprobar la ejecución legal de los fondos porque no eran documentos probatorios” por lo que “no era procedente dictaminar”, pero “emití un informe por orden estricta del presidente de la Corte de Cuentas de la República”, añadió el auditor.

Explicó que las auditorías realizadas a los “gastos reservados” entre junio de 2004 y mayo de 2009 “no le daban legalidad a la ejecución”, por lo que la CCR no debió entregar los “finiquitos” a Saca al final de su período, mismos que le sirvieron para buscar nuevamente la Presidencia en 2014.

Uno de los fiscales del caso señaló a la prensa, al ser cuestionado por no procesar a Contreras junto a Saca, que estas declaraciones “pueden dar lugar a una investigación”, pero que se debe “verificar el plazo de prescripción de las acciones por el tiempo que ha pasado”.

El ex jefe de Estado admitió el pasado 9 de agosto los delitos de peculado y lavado de dinero en un “juicio abreviado” para recibir una pena de 10 años de prisión y evitar la condena máxima de hasta 30 años de cárcel.

Al mismo proceso se acogieron el exsecretario privado Elmer Charlaix y el exgerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga, quienes se espera purguen 10 y 6 años, respectivamente.

El exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera aceptó recibir 3 años de cárcel por peculado, mientras que Julio Rank y César Funes, exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, acordaron la pena de 5 años por el mismo delito.

Únicamente el ex empleado Pablo Gómez no pactó y enfrenta un proceso “común”, por lo que se expone a recibir hasta 30 años de prisión.

Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), falleció antes de que se formalizase un proceso en su contra.