Ecuador confirma el fallo a favor de Chevron y pide medidas contra funcionarios del Gobierno de Correa

El Gobierno ecuatoriano confirmó hoy que el tribunal arbitral de La Haya se pronunció a favor de la petrolera estadounidense Chevron en un litigio por contaminación ambiental en el país y pidió medidas contra funcionarios del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) por su responsabilidad en el caso.

En un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), el Ejecutivo afirma que solicitó que comiencen “de manera inmediata las auditorías correspondientes para establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, contra los responsables de gravísimos daños causados al Estado ecuatoriano”.

El Tribunal Arbitral de La Haya falló en contra de Ecuador, que según el laudo, deberá pagar a la multinacional Chevron una indemnización que deberá fijarse en el futuro.

En una comparecencia, el procurador del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, manifestó hoy que el laudo “no establece un monto monetario de una indemnización que el Ecuador deba pagar a la compañía Chevron”.

Precisó que la fase de cuantificación del daño que se debe resarcir a la petrolera se iniciará dentro de 90 días y que esta etapa puede prolongarse varios meses.

El responsable indicó que el fallo “declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la compañía Chevron por haber violado el artículo 2 del Tratado Bilateral de la Protección de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos”.

Y aludió a que el país fue responsabilizado por haber denegado justicia a la petrolera al producirse una serie de irregularidades por parte de las cortes locales ecuatorianas, que ratificaron una sentencia que ordenaba a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares a los afectados por la contaminación ambiental.

La empresa estadounidense señaló que el tribunal, bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, “concluyó unánimemente que la sentencia de 9.500 millones de dólares dictada en contra de Chevron en Lago Agrio, Ecuador, en 2011 fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción”.

Por su parte, el secretario de la Presidencia ecuatoriana, Eduardo Jurado, explicó en una misiva que el fallo expone al Estado “al pago de cantidades aún indeterminadas, pero que ya se pueden prever cuantiosas sumas de dinero”, que causarán graves daños al desarrollo del país y afectarán su futuro.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Comunicación, “el régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo político y mediático, y empleó fondos públicos para propaganda, manipulando la opinión pública nacional e internacional, cuyas consecuencias se ven reflejadas en esta sentencia del Tribunal Arbitral de La Haya”.

Jurado pidió a la Procuraduría General la aplicación “del derecho de repetición que establece la Constitución de la República contra exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa” y argumentó que las “consecuencias de las acciones u omisiones del anterior Gobierno no deben ser soportadas por el pueblo ecuatoriano”.

El Tribunal de Arbitraje de La Haya se declaró en febrero de 2012 competente para juzgar una demanda planteada por la petrolera estadounidense y le pidió a Ecuador que suspendiera la sentencia contra Chevron en el caso Lago Agrio.

Ese dictamen, emitido por una corte ecuatoriana de la provincia de Sucumbios, obligaba a Chevron a pagar esos 9.500 millones de dólares por los daños medioambientales que Texaco, empresa adquirida por Chevron en 2001, supuestamente provocó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.