Familiares exigen fe de vida de un exministro de Defensa de Hugo Chávez

Los familiares del general del ejército venezolano Raúl Baduel, detenido por presuntos delitos contra “la integridad de la nación”, exigieron hoy al Gobierno una fe de vida del militar retirado, que fue ministro de Defensa de Hugo Chávez entre 2006 y 2007.

Andreína Baduel, hija del general, denunció hoy ante periodistas que lleva casi dos meses sin ver a su padre, recluido en los calabozos del servicio de inteligencia en Caracas conocidos como “la tumba”, y demandó una fe de vida al señalar que un “rumor” da cuenta de una muerte en este centro de detención.

“Esto no es un favor, no es una concesión graciosa, es nuestro derecho ver a nuestro padre”, señaló la hija del militar en una rueda de prensa.

Añadió que el calabozo del general Baduel está cuatro pisos bajo tierra, donde no recibe ventilación ni luz solar, y que en el último contacto que tuvo con su padre éste le indicó que la iluminación artificial de la celda está encendida el día entero.

Margareth Baduel, otra hija del militar retirado, dijo que todas las visitas que la familia ha podido realizar a su padre durante este año no suman 24 horas, y que son grabadas completamente.

“El régimen (de Nicolás Maduro) es responsable de lo que le ocurra a mi papá”, dijo.

Baduel fue detenido en 2009 y condenado a casi 8 años de prisión por presuntos actos de corrupción durante su gestión como ministro de Defensa de Venezuela, aunque él dijo entonces que fue encarcelado por oponerse a Chávez, con quien mantuvo una relación cercana por años.

La relación entre Baduel y Chávez se rompió cuando el primero se opuso a una reforma constitucional que impulso el líder de la llamada revolución bolivariana, y llegó a pronunciarse por la presunta deriva totalitaria de Chávez y de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.

En enero de 2017 y un día antes de que terminara su condena por corrupción -que cumplía en su casa de forma cautelar-, Baduel volvió a ser apresado por la comisión de presuntos delitos que afectan a la “integridad” del país, aunque estos no han sido aclarados por la Fiscalía venezolana.