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La Fiscalía de Nicaragua desestima el crimen contra un manifestante y lo tilda de robo

La Fiscalía de Nicaragua desestima el crimen contra un manifestante y lo tilda de robo

EFE

Managua —

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La Fiscalía General de Nicaragua desestimó hoy que el joven Javier Alexander Munguía Mendoza muriera asesinado durante una protesta contra el presidente Daniel Ortega y, por el contrario, lo señaló de ser un ladrón.

El cuerpo de Munguía fue encontrado el 18 de mayo en la morgue del Instituto de Medicina Legal (IML), diez días después de haber desaparecido cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), donde permanecen atrincherados los universitarios, y que ha sido blanco de ataque por parte de las fuerzas de choque afines al Gobierno y los policías antidisturbios.

Según los familiares de Munguía, la última vez que el joven fue visto había sido arrestado por la Policía Nacional y trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde organismos defensores de derechos humanos han insistido en que existen salas de tortura.

La fiscal auxiliar Grethel Fernández informó que el Ministerio Público desestimó el caso con el argumento de que Munguía murió el 8 de mayo después de ser agredido por estudiantes universitarios que defendían a una joven que era acechada por el fallecido para robarle.

El caso de Munguía tomó notoriedad en Nicaragua el viernes pasado porque sus familiares fueron llamados por el IML para recuperar el cuerpo del joven, quien tenía más de una semana de estar en su morgue.

Organismos humanitarios afirmaron que el IML cedió el cuerpo a los familiares porque las autoridades se sintieron presionadas ante la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y expresaron su temor a que decenas de desaparecidos hayan corrido con la misma suerte de Munguía.

La Fiscalía es señalada por ser un brazo legal utilizado por el Gobierno para reprimir a la población.

Nicaragua cumple hoy 36 días de una crisis sociopolítica, causada por protestas en contra y a favor de Ortega, que han cobrado al menos 76 muertos en actos represivos del Gobierno, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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