La Fiscalía chilena pide procesar a cinco políticos conservadores por corrupción

La Fiscalía Nacional de Chile solicitó hoy la formalización de las acusaciones a cinco políticos conservadores, incluidos un diputado y un senador, por su presunta vinculación en la financiación ilegal de campañas electorales a través de las empresas del grupo Penta y la minera Soquimich (SQM).

Según informaron fuentes judiciales, a falta de confirmación oficial, los políticos acusados de delitos tributarios son el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy, los exparlamentarios Alberto Cardemil y Jovino Novoa, y el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, todos de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI).

Se trata de los primeros políticos que serán formalmente acusados en la investigación de los casos de corrupción política y empresarial que afectan al grupo Penta y a SQM, compañías sospechosas de financiar a políticos a través del pago de facturas de honorarios por servicios nunca prestados.

La Fiscalía cree que los cinco representantes de la UDI entregaron facturas falsas a esas empresas para recaudar fondos para sus actividades políticas, lo que permitió a las compañías rebajar la carga tributaria y pagar menos impuestos.

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, que dirige personalmente la investigación, confirmará públicamente en los próximos días los nombres de los políticos, que serán acusados en el octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

En una primera etapa del proceso, la Fiscalía acusó a los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, que estuvieron varias semanas en prisión preventiva y actualmente cumplen arresto domiciliario a la espera de juicio.

La semana pasada también fueron acusados Patricio Contesse, exgerente general de Soquimich, y otros dos directivos de la empresa, controlada por Julio Ponce Lerou, yerno del fallecido dictador Augusto Pinochet.

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el arresto domiciliario total y la prohibición de salir del país para Patricio Contesse, tras rechazar un recurso de la Fiscalía que pedía cambiar la medida por prisión preventiva.

El caso Penta empezó con una denuncia por fraude tributario contra los controladores del grupo, un banco de inversiones que maneja activos por valor de más de 20.000 millones de dólares.

La investigación de Soquimich surgió como un apartado dentro del caso Penta y afecta a representantes de todo el arco político, incluido el ministro del Interior, Rodrigo Peñilillo, que en 2013 emitió facturas a un operador político que a su vez recibió dinero de la minera.