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El Gobierno entrega el control de la Abogacía del Estado al entorno de Soraya Sáenz de Santamaría

Sáenz de Santamaría en una imagen de archivo

Gonzalo Cortizo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, continúa ampliando su ámbito de influencia en áreas del Gobierno que serán fundamentales en el desarrollo de las principales políticas de Rajoy a lo largo de los próximos meses. Moncloa ultima los trámites para nombrar al preparador de oposiciones de la vicepresidenta como nuevo abogado general del Estado.

El elegido es Eugenio López Álvarez, según han confirmado a eldiario.es fuentes del Ministerio de Justicia. Más allá de su relación con la opositora que fue Sáenz de Santamaría en los años 90, López tiene a sus espaldas un amplio currículum de cargos en la Administración, siempre de la mano del actual presidente del Gobierno.

Entre otras responsabilidades fue secretario general técnico de los ministerios de Interior, Presidencia y Administraciones Públicas, siempre durante los mandatos de Rajoy en esas carteras.

La Abogacía General del Estado depende funcionalmente del Ministerio de Justicia, pero su coordinación con Moncloa es constante para los grandes asuntos. La vicepresidenta se rodea así de alguien de su máxima confianza en un momento en el que se prevé un aumento de los litigios entre el Gobierno central y Cataluña.

Entre las atribuciones del abogado del Estado está defender la postura del Gobierno en el Tribunal Constitucional para aquellos asuntos que acaben dirimiéndose en el alto tribunal. 

Sáenz de Santamaría se muestra dispuesta a encabezar la acción del Ejecutivo ante el llamado “desafío secesionista”. En el reparto de tareas para el nuevo Gobierno de Rajoy, Santamaría se encargó de hacerse con las funciones de Administraciones Territoriales.

En el pasado debate de investidura, Rajoy aseguró que su “primera obligación es defender la soberanía nacional y la unidad de España”. La vicepresidenta parece la mejor situada para encabezar esa cruzada a la que parece haberse entregado el presidente del Gobierno.

Para esa tarea, la número dos del Ejecutivo tiene las dos armas imprescindibles: capacidad de diálogo, por si la solución es acordada, y la Abogacía General del Estado, por si esa relación se dirime en los tribunales. En cualquiera de los dos supuestos, Santamaría tendrá un papel central en el abordaje de las relaciones futuras entre España y Cataluña.  

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