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El Gobierno reduce a "un asunto particular" la investigación a Rato por blanqueo

La vicepresidenta se escuda en que "ya no ocupa ningún cargo" para descartar que Rajoy deba dar explicaciones

Montoro: "Hoy no estoy aquí para expresar sentimientos personales. Estoy para aplicar la ley"

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Con la excusa de que Rodrigo Rato "ya no ocupa ningún cargo", el Gobierno se ha sacudido cualquier tipo de responsabilidad política en el escándalo. Soraya Sáenz de Santamaría ha llegado a definir la investigación por blanqueo de capitales al que fuera vicepresidente de un Gobierno del PP como "un asunto particular" y ha negado que Mariano Rajoy deba dar explicaciones públicas por ello.

Tanto ella como Cristóbal Montoro se han limitado a presumir del funcionamiento de las instituciones y de la igualdad de todos los contribuyentes ante la ley. De esta forma, el único miembro del Ejecutivo que ofrecerá algún tipo de explicación es el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que comparecerá el martes ante la Comisión de Hacienda del Congreso.

Junto a la titular de Fomento, Ana Pastor, la vicepresidenta y el ministro de Hacienda han comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con cara de circunstancias. A pesar de las numerosas preguntas que tenían preparadas los periodistas, los turnos de palabra concedidos se han quedado en siete.

Ni Montoro ni la número dos de Rajoy han asumido ningún tipo de responsabilidad política en el escándalo que ha supuesto la detención del exvicepresidente económico. Además, el ministro lo ha desvinculado de la amnistía fiscal decretada por el Ejecutivo. "El otro asunto por el que me pregunta no tiene que ver con esto", ha empezado Montoro su respuesta para evitar pronunciar el nombre del que fue su jefe y ha negado la vinculación entre la amnistía concedida a los defraudadores: "Es una sucesión y eficacia de las normas".

Como es habitual, las preguntas que han quedado sin contestar han sido más que las respondidas: "¿Qué legitimidad tiene el Gobierno en la lucha contra un fraude si hablamos de un exvicepresidente? ¿Se arrepiente de haber decretado la amnistía? ¿Avisó Rato al Gobierno de que se acogía a la amnistía? ¿No hay más políticos en la lista de los 705 investigados?".

Montoro ha insistido en enmarcar la actuación contra Rato dentro de la más absoluta normalidad y ha dicho no entender por qué se le preguntaba por el "color político" del resto de investigados por el Sepblac. Ni siquiera ha querido explicar cómo le afecta personalmente, dado que compartió gobierno con él. "Hoy no estoy aquí para expresar sentimientos personales. Estoy para aplicar la ley".

"Ustedes creen que tengo en la cabeza a los 705, pero todo es un procedimiento ordinario", ha afirmado el ministro, que presentaba este viernes la reforma de la ley tributaria de forma que, cuando se apruebe, podrá conocerse quiénes son los morosos ante Hacienda por importe superior al millón de euros.

Como han hecho otros miembros del Gobierno y del PP, se ha aprovechado la situación para insistir en que la Agencia Tributaria es "completamente independiente y eficaz". Montoro ha llegado a decir que "nunca hemos vivido una época como esta" y ha aprovechado para avisar: "Si queda alguna persona por ahí que no haya declarado correctamente, tiene poco tiempo para hacerlo".

El ministro ha criticado a la oposición por exigir que se conozcan los nombres de los defraudadores: "La actual ley lo prohíbe. Los que lo proclaman deberían ser más precisos, porque parece que el ministro de Hacienda tiene potestad para hacerlo. Esta ley entrará en el Parlamento y allí se podrá opinar sobre cuánto hay que levantar la confidencialidad y a quiénes. Lo demás son expresiones políticas".

Sáenz de Santamaría, mucho menos locuaz este viernes que su compañero de gabinete, ha negado que la noticia tenga ninguna relación con la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, para las que solo faltan 37 días. Tampoco ha reconocido el temor al daño que puede hacer al PP, empeñado en trasladar que su lucha contra la corrupción es completa tras el caso Bárcenas. Ha asegurado que su Gobierno "respeta la ley y la hace cumplir con independencia de los procesos electorales" y "nunca lo hace por fechas". 

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