Sánchez pide al Constitucional que advierta al Govern de que puede incurrir en delitos si ejecuta los últimos acuerdos del Parlament

El Consejo de Ministros ha decidido este viernes llevar al Tribunal Constitucional los acuerdos del Parlamento de Cataluña del 26 de septiembre sobre el derecho a la autodeterminación. Además, solicita al alto tribunal que advierta al Govern de Quim Torra de que incurriría en delitos tipificados en el Código Penal si ejecuta esas resoluciones, pero deja fuera del recurso las relativas a la retirada de la Guardia Civil y a una ley de amnistía para los condenados por el procés.

El Gobierno en concreto presenta ante el Constitucional lo que se denomina incidente de ejecución de sentencia, una solicitud para que haga cumplir sus sentencias anteriores que impiden la aprobación por el legislativo catalán de resoluciones con esos contenidos y que supone, de ser aceptado por el Constitucional, su suspensión inmediata. “En absoluto se corresponden con nuestra legalidad constitucional”, ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Tienen que ver con planteamientos que debaten sobre derecho a la autodeterminación que no existe en nuestro modelo constitucional y que impulsan la desobediencia institucional”, ha expresado Calvo sobre las resoluciones del Parlament. El Ejecutivo ha dejado fuera las relativas a la retirada de la Guardia Civil de Catalunya y que se pronunciaban a favor de una ley de amnistía para los condenados del procés.

Las propuestas de resolución no eran jurídicamente vinculantes pero actúan, en su la exposición de motivos, como declaración de la Cámara y, en su parte dispositiva, como un mandato parlamentario hacia el Ejecutivo. Por eso el Gobierno va un paso más allá y pide al Tribunal Constitucional que advierta al Govern de Quim Torra de que puede incurrir en delitos si ejecuta esas resoluciones. 

El Gobierno ya planteó dos incidentes de ejecución de sentencia la semana pasada a propósito de sendas resoluciones del Parlament aprobadas en el mes de julio respecto a la ratificación de la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación y la reprobación del rey Felipe VI. En aquel escrito también solicitaba que se apercibiera a la Mesa del Parlament de que esas mociones incumplen la legalidad. El Constitucional suspendió este jueves esas propuestas y advirtió al presidente de la Cámara de riesgo penal si no acata esas decisión.