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El Plan de Igualdad de las Cortes obligará a crear protocolos contra el acoso que dice haber sufrido un 10% de las trabajadoras

La presidenta del Senado, Pilar Llop, saluda a Pedro Sánchez.

Irene Castro

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Las Cortes Generales aprobarán este viernes su primer Plan de Igualdad. Su negociación se ha acelerado en las dos últimas semanas, según fuentes sindicales, por la cercanía del 8M tras haber pasado dos años desde que se dio luz verde a su elaboración. El texto recoge una de las principales reivindicaciones del personal en los últimos tiempos: reclamar a los grupos políticos que tomen medidas para que la actividad parlamentaria se adecue a la conciliación. Además, obligará a las Cortes a elaborar protocolos contra el acoso que declara haber sufrido el 10% de las trabajadoras.

Las mesas del Congreso y el Senado se reúnen este viernes, a las puertas del Día de la Mujer, para dar luz verde al primer Plan de Igualdad que ha negociado una comisión paritaria con una representación del personal laboral de las Cortes. El texto se ha negociado especialmente en las últimas dos semanas para hacerlo coincidir con el 8M y fuentes sindicales atribuyen parte del éxito a la labor desempeñada por la presidenta del Senado, Pilar Llop –jueza experta en la lucha contra la violencia de género–, y Gloria Elizo, vicepresidenta del Congreso (Unidas Podemos). También agradecen la actitud de Cristina Ayala (PP) en la negociación. Aunque se da por hecho que el plan saldrá adelante, está la duda de la posición que mantenga el único representante de Vox.

El plan se articula en torno a ocho ejes –acceso al empleo; promoción; representatividad; retribuciones; formación y ordenación del tiempo de trabajo; imagen y comunicación; salud laboral; y prevención del acoso sexual, del acoso por razón de sexo y de la violencia de género– a partir de la información recopilada de las direcciones de recursos humanos y a través de encuestas distribuidas entre el personal de las Cámaras.

Uno de los datos que más ha inquietado a la representación sindical es el porcentaje de trabajadores que reconoce haber sufrido o presenciado algún tipo de acoso. Aunque un 54% de las mujeres y un 65% de los hombres marcaron la opción de que no creen que en las Cortes Generales se den o se hayan dado casos de acoso moral, sexual y/o por razón de sexo, “porque el clima es muy igualitario”, según el informe, “cabe destacar que el 10% de las mujeres y el 3% de los hombres que han contestado la encuesta afirman haber vivido situaciones de acoso moral, sexual o por razón de sexo. El 6% de mujeres y 10% de hombres manifiestan haberlo presenciado”.

Ante esa situación, el plan de Igualdad subraya que no hay ahora mismo ningún protocolo de actuación contra el acoso e incluso un alto porcentaje de empleados –superior al 70% reconoce no saber cómo actuar– en la institución. Por eso, una de las decisiones que emanan del documento es mandatar a las Cortes a elaborar planes contra el acoso. “Se elaborarán protocolos para la prevención y actuación ante situaciones de acoso moral, sexual y por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género”, reza el documento al que ha tenido acceso eldiario.es.

Además, el plan aboga por “revisar el régimen sancionador del personal laboral del Congreso de los Diputados y del Senado ante conductas de acoso” que “serán tipificadas como faltas muy graves”.

Otra de las quejas que manifiestan desde la Junta de Personal en los últimos tiempos es la dificultad para conciliar. De hecho, más del 50% de la plantilla incluye la racionalización de la actividad parlamentaria como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la implantación de medidas de conciliación. Por eso el texto recoge una reclamación expresa a los partidos políticos para que tomen las medidas oportunas en favor de la racionalización de los horarios parlamentarios: “Se trasladará a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras, la necesidad de planificar la actividad parlamentaria e institucional de las Cámaras y racionalizar sus horarios con el propósito de facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar del personal que presta sus servicios en las Cámaras”.

En la presidencia del Congreso son conscientes de ese problema, al igual que los grupos parlamentarios, y se han comprometido a buscar fórmulas para que los plenos no se alarguen hasta las 22 horas, como está ocurriendo en las últimas sesiones. Meritxell Batet comunicó en la Junta de Portavoces este martes que a partir de las 20 horas no se iniciará el debate de ningún punto de la sesión plenaria del martes y que se trasladarán al miércoles los asuntos pendientes“. La propuesta es aplaudida por los grupos.

El plan de Igualdad deja en manos de la negociación colectiva la adopción de medidas de conciliación relacionadas con el horario y la jornada de los funcionarios y del personal laboral de las Cortes Generales como la flexibilidad horaria –lo reclama el 60% del personal–, la extensión de la jornada intensiva –70%–, la elección de horario cuando se disfrute de jornada reducida, el teletrabajo –más del 70%– o los cambios de turno en situaciones extraordinarias. Un dato significativo en el diagnóstico es que el 93% de las reducciones de jornada relacionadas con el cuidado de familiares han sido solicitadas por mujeres.

El impulso del lenguaje inclusivo –con el compromiso de que no se empleará lenguaje sexista en convocatorias o documentos oficiales– o la modificación de los uniformes de los ujieres para “garantizar la igualdad en su diseño y su adaptación a la fisonomía de mujeres y hombres” son las algunas de las medidas concretas que establece el plan, que recoge cursos de formación en distintas materias y que serán obligatorios en el que caso de quienes trabajan en las direcciones de recursos humanos.

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