Irlanda votará si suaviza una ley que lleva a las mujeres a abortar al extranjero

Cinco años después de que Irlanda promulgase la primera ley del aborto de su historia, miles de mujeres que residen en este país viajan cada año al extranjero para interrumpir su embarazo, un hecho que puede cambiar si el viernes se aprueba en un referéndum la reforma que la suaviza.

Es el caso de Amy, una estadounidense casada con un irlandés y afincada en Dublín, quien decidió abortar el pasado año en Inglaterra porque el feto padecía una anencefalia, una malformación cerebral congénita que suele provocar la muerte antes del parto o poco después del nacimiento.

Según la legislación vigente, Amy solo podía abortar en Irlanda si su vida hubiese corrido peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio, pero excluye casos de incesto, violación o malformaciones del feto.

La ley de 2013 no contempla esas excepciones porque la llamada “octava enmienda”, recogida desde 1983 en el artículo 40.3.3 de la Constitución, garantiza de igual manera el derecho a la vida del “no nacido” y de la madre.

El Gobierno irlandés, dirigido desde 2011 por el partido democristiano Fine Gael, ha propuesto eliminar esa provisión y, con el “sí” del electorado, redactará una nueva legislación que podría permitir el aborto en todas las circunstancias durante las primeras doce semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las veinticuatro.

En ese escenario, Amy y su marido, Conor, no hubiesen “sufrido la traumática experiencia” de viajar a Liverpool para abortar, explica a EFE Shane, amigo de la familia y activista de la “Campaña por el Sí”.

“Aquí -lamenta- no encontraron un servicio sanitario adecuado para abordar después los trastornos mentales que puede provocar este proceso”.

Si para miles de mujeres -nueve cada día- poner fin a su embarazo en el extranjero “es traumático y caro”, para otras -tres a diario- “resulta peligroso automedicarse” con las píldoras abortivas que adquieren por internet, dice Vicky, de 29 años y médico de cabecera, que cita cifras del Gobierno.

“Si algo va mal -recuerda-, tienen miedo a ir después al hospital porque lo que han hecho es ilegal y la legislación prevé penas de cárcel de hasta 14 años, igual que para los profesionales que procuran un aborto fuera de las estrictas normas establecidas, como cuando la vida de la madre corre peligro”.

El problema, sostiene, es que, en muchos casos resulta “muy complicado establecer sin dudas cuándo alguien está en riesgo inmediato de morir, cuándo la balanza ha caído ya de un lado u otro. Y tampoco podemos atajar otras complicaciones, como la ceguera por diabetes durante el parto, porque el embarazo, de acuerdo con la 'octava', casi siempre tiene prioridad sobre la salud de la madre”.

Hasta 1992, era ilegal incluso salir del país para abortar y las autoridades llegaron a detener ese año en el aeropuerto a una menor que había sido violada y a la que llevaban al Reino Unido para poner fin a su embarazo.

Aquel caso conmocionó a la opinión pública y, tras otro referéndum, el Gobierno modificó la Constitución para reconocer el derecho de las mujeres a viajar al extranjero con el objetivo de poner fin a la gestación y obtener información al respecto.

“Lo que hicimos fue exportar un problema irlandés. La 'octava' sigue ahí y significa que permitimos que nuestras mujeres viajen para abortar en otro país, pero no toleramos que ocurra aquí”, afirma la doctora.

A pocos metros de Vicky, Sarah Hare, de 23 años, pide el “no” en la céntrica O'Connell Street de Dublín y reparte un folleto que asegura que la tasa de abortos se ha triplicado y cuadruplicado en los países con leyes abortistas “liberales”, como el Reino Unido, España o Portugal.

Dice que el 97 % de las mujeres que abortan en Inglaterra y el 98 % en España lo hacen “alegando vagos motivos de salud mental”, no porque “su vida corra peligro o por malformaciones del feto”, si bien reconoce que no sabe de dónde salen esos datos.

“Creo en el derecho fundamental a la vida. Estamos en 2018, no en el medievo, y la ciencia nos dice que la vida comienza con la concepción. La eliminación de la 'octava' abrirá las puertas a los abortos a la carta. Nuestras embarazadas necesitan ayuda real y compasión para que elijan dar la vida a sus hijos”, subraya Hare, con un argumento similar al de la Iglesia católica en la campaña.

Para Jacqui Gilbourn, de 66 años y candidata al Parlamento por el partido ultraconservador Renua, la propuesta de ley del Gobierno “es eugenesia”, copia el modelo británico o el islandés, donde, según los grupos provida, el 90 y el 100 % de los “bebés diagnosticados con síndrome de Down son abortados”, respectivamente.

“Si se reforma la ley -advierte-, crearemos una sociedad de culto a la muerte. La humanidad tendrá esperanza si defendemos a los bebés, a nuestras comunidades, y apoyamos a las mujeres en crisis”.