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La JEC abre un expediente por la entrevista a Arrimadas en ABC
La Junta Electoral Central ha acordado abrir un expediente sancionador al diario ABC por haber publicado una entrevista con la candidata de Ciudadanos en las elecciones autonómicas catalanas, Inés Arrimadas, en la jornada de reflexión previa a los comicios celebrados el pasado 21 de diciembre.
El rotativo se enfrenta a una multa de entre 100 y 1.000 euros por haber cometido supuestamente una infracción electoral contemplada en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Fuentes de Vocento han declinado comentar a Efe esta decisión de la Junta Electoral Central y se han limitado a indicar que no harán declaraciones para “no interferir en el trámite” de este expediente.
El expediente se incoa porque la publicación de la entrevista el pasado 20 de diciembre, anunciada en la portada de ABC junto a una gran fotografía de la presidenta catalana de Ciudadanos, “podría conculcar la prohibición de difundir propaganda electoral o realizar acto alguno de campaña electoral una vez ésta haya legalmente terminado”, explica la JEC en su acuerdo.
La posible vulneración de la normativa electoral fue denunciada por el PP, y ha sido estudiada en la última reunión del máximo intérprete de la normativa electoral, celebrada ayer jueves.
El responsable de los hechos sería el director del rotativo, Bieto Rubido, según apunta la Junta Electoral, quien recuerda que cabe la posibilidad de que el expedientado reconozca voluntariamente su responsabilidad, lo que le permitiría reducir la sanción a 800 euros, siempre y cuando renunciara a recurrirla.
En caso contrario, ABC dispone de un plazo de diez días para aportar “cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en su defensa y, en su caso, para proponer la práctica de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse”.
La Junta Electoral Central rechaza sin embargo la parte de la denuncia contra ABC relativa a una presunta vulneración del artículo 66.2 de la LOREG, donde se obliga a las emisoras y televisiones privadas a “respetar los principios de pluralismo e igualdad” así como los principios de “proporcionalidad y neutralidad informativa” en debates y entrevistas y también en la información de campaña.
Entiende la JEC que este precepto “sólo es aplicable a los medios de radio y televisión” y además añade que no advierte razones “para remitir el asunto al Ministerio Fiscal”.
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