La Justicia panameña ante el reto de acabar con la impunidad de la corrupción

La Corte Suprema de Justicia panameña se reúne el lunes para determinar el futuro de una denuncia presentada contra 13 diputados de la Asamblea por el destino de las polémicas donaciones parlamentarias. El dilema es de alcance.

Una admisión de la querella supondría acabar con la imagen de impunidad de la corrupción, pero a costa de romper las “tablas apaciguadoras” entre la Administración de Justicia y el Parlamento, y embarcarse en un conflicto institucional.

La Judicatura, única institución panameña con capacidad para sancionar los delitos de los diputados, y el Parlamento, al cual correspondería investigar a los jueces de la Corte, habían llegado a un equilibrio tranquilizador al declinar investigarse mutuamente.

De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó el pasado 4 de abril dos denuncias contra el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, por las donaciones de los diputados, 12 millones de dólares en los últimos cuatro años que, según una documentada investigación del diario local La Prensa, no siempre fueron a parar a manos de sus aparentes destinatarios.

El abogado Ernesto Cedeño, quien presentó la denuncia contra el presidente de la Asamblea por las polémicas donaciones se lamentó de la decisión de archivo por entender que se ha perdido “una buena oportunidad para llevar un mensaje claro de que nuestro país está luchando contra la corrupción”.

El archivo se produjo pocas semanas después de que la Comisión de Credenciales de la Asamblea desestimara hasta ocho denuncias contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, acusado de supuestos delitos contra la administración pública.

El apaciguamiento sucede a un cruce de demandas que cobró especial virulencia en el momento en que la Corte aceptó analizar las donaciones de los diputados, criticadas por sectores políticos y sociales que entienden que se trata de un caso claro de clientelismo.

A la admisión de las denuncias siguió, casi de forma automática, la posibilidad de que la Asamblea aceptara una denuncia contra el presidente del alto tribunal por supuestas contrataciones irregulares del personal de la institución.

Las aparentes tablas, permitirían que sean los propios diputados los únicos que determinen la honorabilidad de sus compañeros en la Asamblea en una comisión creada al efecto por la Cámara.

Pero los archivos de las denuncias en ambas instituciones no detienen el goteo diario de informaciones periodísticas sobre supuestos casos multimillonarios de corrupción, perfectamente documentados, singularmente por los periódicos La Prensa, La Estrella y Panamá América.

El clima de insatisfacción ciudadana se agrava por fallos asistenciales en sanidad y abastecimiento de servicios públicos fundamentales con constantes cortes en el suministro eléctrico, que han llevado a la dimisión del máximo responsable de la red.

Amplios sectores de la propia capital panameña se quedaron sin agua los pasados jueves y viernes por trabajos de mantenimiento, una anécdota para los habitantes de numerosos barrios populosos y con escaso poder adquisitivo que sufren constantes y diarios problemas de desabastecimiento. Una situación difícilmente entendible en un país con ocho meses de lluvias al año.

La decisión que adopte el lunes la Corte Suprema de Justicia, sobre la denuncia presentada contra 13 diputados determinará el nivel del compromiso institucional en la lucha contra la corrupción.

Una postura contraria a la demanda presentada reverdecería las críticas a la falta de transparencia formulada desde amplios sectores, un alto precio político y social para mantener esa aparente “paz institucional”.