Letrados creen que la mayoría social va por delante de la Justicia en el caso de La Manada y piden cambio de mentalidad

Tras expresar su “solidaridad y apoyo” a la víctima, la asociación ha afirmado que este cambio sólo puede llegar a través de una “transformación sustancial de los sistemas de selección y formación de los colectivos profesionales” al servicio de la Justicia.

A su juicio, “los tribunales deben interpretar las normas con perspectiva social y de género, y decidir cómo dar la mejor respuesta posible al quebranto de la convivencia que supone cualquier infracción, máxime si se trata de delitos”. En caso contrario, añade, “no cumplen la que posiblemente sea la más importante de sus funciones: canalizar adecuadamente la respuesta social ante actos que alteran dicha convivencia”.

En un comunicado, los letrados aclaran que esto no implica que los tribunales deban “validar condenas populares” y tampoco pueden regirse por “sentimientos o valores morales en lugar de por normas jurídicas”, pero sí consideran que “la legitimidad jurídica y judicial precisan de un alto grado de legitimidad social”.

“Las normas jurídicas existen para servir a la sociedad, y tanto ellas como sus interpretaciones sólo tienen sentido en esa medida. Si no son capaces de dar una respuesta apropiada a las necesidades sociales todo el sistema pierde su sentido y deja de ser útil y legítimo”, explica el sindicato.

DESAZÓN POR LA COMPARACIÓN CON OTROS CASOS

Además, los letrados entienden que la “desazón” ante determinadas decisiones judiciales, como en este caso la de dejar en libertad provisional a los miembros de 'La Manada', se ve acentuada al ponerlas en relación con otras y se ponen así de manifiesto los “diferentes tratamientos que pueden recibir delitos de diversa índole, cuando las condenas o las medidas cautelares impuestas no parecen guardar proporcionalidad entre sí”.

Los letrados se refieren con esto a otros casos mediáticos de “cuestionamientos a las libertades de expresión o información”, como las condenas a raperos o tuiteros, casos de corrupción como el 'caso Gürtel' o de tipo político o que se ha relacionado con terrorismo, como la condena a ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) por la agresión a dos guardias civiles.

Para el Sindicato de Letrados, la lógica que sostiene esta diversidad de casos y tratamientos es que jueces y tribunales son independientes en el ejercicio de la función jurisdiccional, si bien considera que los profesionales de la Justicia deben “ser autocríticos y reflexionar sobre las consecuencias que se pueden generar”.