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El juez de Lezo reprocha a un exconsejero del Canal que no recuerde cómo se gastaban el dinero público

Juan María del Álamo sí ha admitido que manejaron valoraciones de Inassa que reducían hasta en dos tercios el precio final que se pagó

La Fiscalía trata de determinar si Gallardón conocía los detalles de la compra de la sociedad colombiana a través de una empresa en un paraíso fiscal

Tres exconsejeros no han declarado porque aseguran que no han tenido tiempo para leerse la causa

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La sede del Canal de Isabel II.

El juez del caso Lezo toma declaración entre este martes y mañana a los consejeros del Canal de Isabel II que aprobaron la compra de Inassa en 2001, la operación que se produjo bajo la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón y que ahora investiga la Audiencia Nacional. Uno de los exconsejeros ha dicho no recordar los detalles del proceso, lo que le ha valido el reproche del magistrado Manuel García Castellón, que le ha afeado que no recuerde cómo se gastaban el dinero público.

Juan María del Álamo ha sido el único de los imputados citados para este martes que ha declarado. Ignacio López-Galiacho no ha acudido, mientras que Fernando Autrán Pérez y Francisco Díaz-Latorre han asegurado que habían recibido la citación tarde, por lo que no habían tenido tiempo para conocer la causa. El juez ha accedido a suspender las declaraciones.

Del Álamo ha dicho que no recordaba muchos de los aspectos por los que le ha preguntado la Fiscalía. El juez ha intervenido en ese punto para abroncarle, según explican fuentes presentes en el interrogatorio. García Castellón le ha preguntado si recordaría la compra si la hubiese hecho con su dinero, a lo que el exconsejero ha respondido que sí, por lo que el juez le ha reprochado que no se acuerde cuando se trata de una operación pagada con dinero público.

Este exconsejero sí ha admitido que se realizaron varias valoraciones sobre Inassa antes de su compra, y que alguna estaba muy por debajo del precio final. Algunas apuntaban a que la sociedad colombiana tenía un valor de entre 25 y 50 millones de dólares. El Canal acabó pagando 73, lo que lleva a la Fiscalía a sospechar que se produjo un sobreprecio.

Además, ha apuntado que Arturo Canalda, entonces gerente de la empresa pública, era el encargado de hacerles unas presentaciones y darles unos informes antes de aprobar una operación. Con eso era suficiente, ha explicado, para tomar una decisión en el Consejo de Administración.

La Fiscalía pregunta por Gallardón

La fiscal Ana Cuenca le ha preguntado por el papel del Gallardón en el proceso y hasta qué punto conocía la operación. Del Álamo ha contestado sin entrar en detalles, asegurando que supone que conocía la compra en tanto que era presidente regional, y debía dar el visto bueno final.

La Fiscalía está a la espera de analizar la documentación de la que dispuso el Gobierno regional para decidir si pide la imputación de Gallardón y el resto de sus consejeros. Por ahora solo tiene que declarar Juan Bravo, entonces responsable de la Consejería de Hacienda.

Otro de los citados este martes es Rafael Merino López-Brea, el único exconsejero que acude en calidad de testigo y no de imputado. No avaló la compra de Inassa porque, ha afirmado en conversación con eldiario.es, apenas disponían de informes para conocer los detalles de la operación: "No había documentación fiable, te tenías que fiar de ellos".

Ante el juez se ha expresado en los mismos términos y  ha añadido que recibieron la información sobre la compra horas antes de que se celebrase el Consejo de Administración en el que debían aprobarla. Ha insistido en que se opuso a ese tipo de operaciones porque entendía que el Canal no tenía que dedicarse a ganar dinero. No ha contestado a preguntas sobre los detalles alegando que los hechos investigados se produjeron hace muchos años.

Sus excompañeros en el Consejo de Administración están imputados por avalar una operación en la que se dieron "un cúmulo de irregularidades". El juez expone alguna en el auto de citaciones, como que Canalda y otros cargos del Canal iniciaron el proceso de compra antes de tener la autorización del gobierno regional.

Además, explica el juez, hay indicios de que los 73 millones que se pagaron por Inassa son superiores al precio real de la compañía. El visto bueno que dio el gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la compra como finalmente se hizo: a través de una empresa radicada en Panamá, y adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco.

Para el miércoles están citados, entre otros, Pedro Calvo, expresidente del Canal, y al que el juez señala como uno de los que comandaron la operación y la pusieron en marcha antes de tener permiso del Gobierno regional.

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