Dos juzgados de Madrid tramitan las denuncias por prevaricación por la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez

Dos juzgados de Madrid tramitarán las denuncias presentadas por el Partido Popular y el llamado Partido Laócrata de España por presunta prevaricación en el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el aeropuerto de Barajas el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ambos juzgados están a la espera de recibir la documentación, por lo que ninguno de los magistrados ha podido adoptar todavía ninguna decisión.

Si deciden abrir una causa penal por entender que hay indicios de delito y los hechos coinciden, ambos procedimientos deberán acumularse en un único juzgado. Y en caso de apreciar delito en la actuación de Ábalos, los jueces tendrán que remitir la causa al Tribunal Supremo, pues al estar aforado por su condición de ministro y diputado solo puede ser investigado por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

El juzgado de Instrucción número 47, del que es titular Adolfo Carretero Sánchez, tramitará la denuncia presentada por la formación de Pablo Casado. Las actuaciones han caído por reparto a este juzgado después de que este martes la jueza Susana Trujillano, en funciones de guardia, aceptara la petición de la formación de Pablo Casado de que no se destruyeran las imágenes del circuito de videovigilancia del aeropuerto de Barajas que captaron el encuentro y remitiera las diligencias a Decanato para su reparto. Carretero Sánchez es el juez que mantuvo imputado casi dos meses al cómico Dani Mateo por sonarse la nariz con una bandera de España. También fue el instructor del caso del espionaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en Colombia.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, del que es titular Antonio Serrano-Arnal, tramitará la querella presentada por el Partido Laócrata de España también por la supuesta comisión de un delito de prevaricación en el marco de estos hechos. Serrano-Arnal es el instructor de la causa en la que se investiga el presunto fraude fiscal cometido por Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía y Hacienda.

El primer movimiento en relación a estas denuncias llegó este martes. La jueza Susana Trujillano, en funciones de guardia, instó al gestor aeroportuario Aena a conservar las imágenes de las cámaras de vigilancia. La magistrada atendió así la medida cautelar urgente solicitada por el PP, que considera que esos hechos pueden constituir un delito de prevaricación al tener Rodríguez prohibida la entrada al territorio comunitario por el Consejo de la UE y que esas cintas pueden ser pieza clave en la investigación. Este miércoles se cumplían los 30 días de plazo que marca la ley para que las cintas pudieran haber sido borradas.