Magistradas de 11 países reclaman una Justicia con mayor enfoque de género

Magistradas de once países iberoamericanos reunidas en Bolivia reclamaron hoy que la administración de justicia incluya una perspectiva de género para atender de forma más efectiva los casos de las mujeres víctimas de la violencia machista.

En la segunda jornada del XIV Encuentro de Magistradas de Iberoamérica “Por una justicia de género”, en la localidad de Tiquipaya, las juristas destacaron los cambios de los últimos años en la normativa de sus países para, por ejemplo, reconocer y castigar el delito del feminicidio como tal.

También destacaron la creación de fiscalías y juzgados especializados para tratar la violencia hacia las mujeres, si bien reconocieron que todavía queda mucho por hacer.

Una de las tareas pendientes es la incorporación de la llamada “perspectiva de género” en los procesos judiciales, que actualmente se celebran en su mayoría sin tener en cuenta el respeto pleno a los derechos y la dignidad de las mujeres.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, María Mercedes Bougermini, cuestionó en su exposición la falta de celeridad en los procesos por la que muchas mujeres terminan desistiendo de sus demandas.

También criticó la “revictimización”, por la que las víctimas de violencia se ven obligadas a revivir una y otra vez la agresión sufrida al tener que declarar varias veces durante el proceso ante diferentes juzgados e incluso en los medios.

El derecho procesal, que debería garantizar los derechos humanos, no representa en muchas ocasiones a las mujeres y por ello “se impone una reformulación normativa, jurisprudencial y orgánica de esta mirada de los sujetos dentro del proceso”, señaló Bougermini.

En declaraciones a Efe, la magistrada española Inmaculada Montalbán destacó que en su país y en América Latina se han dado pasos importantes para frenar la violencia machista, que antes se consideraba “un asunto entre partes”.

Entre estos pasos, Montalbán, que preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de España, destacó las normas integrales contra la violencia machista, pero señaló que para que éstas sean eficaces “primero necesitan recursos económicos y humanos y, segundo, formación en género”.

A su juicio, los procesos judiciales han sido concebidos sólo para castigar al agresor y garantizar sus derechos, por lo que es necesario que los sistemas judiciales y las normas giren “su mirada a la víctima” para “reparar” sus derechos y “tratarla con la consideración que se merece”.

La jurista mencionó que, por ejemplo, en España se ha visto que de cada diez mujeres que han muerto a manos de sus parejas, sólo dos o tres habían denunciado ser víctimas de violencia, por lo que sostuvo que es necesario intensificar “las políticas para levantar esa bolsa oculta de violencia que sigue existiendo”.

La presidenta de la Fundación Justicia y Género, la costarricense Roxana Arroyo, explicó a Efe que incorporar una perspectiva de género “implica saber cuáles son las causas de la violencia”, comprender que esas causas “son una violación a un derecho humano y, por lo tanto, tratar el caso como se merece”.

Según Arroyo, hay una serie de fallas en el poder judicial que obstaculizan el acceso de las mujeres a la Justicia, entre ellas, la falta de personal especializado, el hecho de que los sistemas no tengan “reparación para la víctima” y el que algunos funcionarios judiciales piensen que fue la mujer la que provocó el delito.

Ante esto, lamentó que sea “más fácil decir que las mujeres no quieren acudir al sistema judicial que el decir (que) hay que tener medidas correctivas del poder judicial para esto”.

Las magistradas abogaron por la necesidad de contar con más profesionales especializados en estos temas, para lo que consideraron importante que las carreras de Derecho incluyan la perspectiva de género en sus planes de estudios.

Al evento, que concluirá mañana, concurren profesionales de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Nicaragua y República Dominicana.

El encuentro fue organizado por la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación Justicia y Género, la Unión Europea, la cooperación suiza y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.