Margarita Soler reivindica el CJC como institución “de democracia avanzada”

La presidenta del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Margarita Soler, reivindica que esta es una institución “de democracia avanzada” que garantiza la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, y alerta de que suprimir organismos como este supondría “un adelgazamiento del Estado autonómico”.

Soler ha señalado en una entrevista con la Agencia EFE que ser la primera mujer que preside el CJC en sus veinte años de historia no es una presión, sino que supone “normalidad”, pues “lo que no era normal es que no hubiese mujeres en las instituciones, y desde luego que no hubiese mujeres presidiendo ninguna institución estatutaria”.

Esta profesora de Derecho Constitucional, que asumió el 4 de octubre la presidencia del CJC, destaca además que es la única mujer que preside en España un consejo jurídico, algunos de los cuales no tienen “ni una sola mujer de consejera”, por lo que la institución valenciana, con tres hombres y tres mujeres, es algo “casi exótico”.

Reivindica que en democracia existen instituciones que no necesariamente tienen una capacidad punitiva, como el CJC o el Síndic de Greuges, pero que ejercen un “control preventivo” y sirven para garantizar el mejor ejercicio de los derechos de los ciudadanos, por lo que son necesarias.

“Todas esas voces que están apostando por la supresión de instituciones como esta en el fondo lo que buscan es una recentralización del Estado, es decir, adelgazar el Estado autonómico para que pierda capacidad de autogestión y de autogobierno”, afirma.

Para la presidenta del CJC, si se cree en el Estado de las Autonomías hay que creer en que estas tienen que tener una serie de instituciones que sirvan a ese autogobierno, al tiempo que resalta el coste y el mayor tiempo que supondría que los dictámenes los elaborara el Consejo de Estado en caso de desaparecer el CJC.

Soler asegura que la tardanza en renovar esta institución asesora de la Generalitat en cuestiones jurídicas por la falta de acuerdo entre los grupos de Les Corts no ha afectado al funcionamiento del CJC, pues los anteriores consejeros han seguido en funciones hasta su sustitución y ha habido pleno todas las semanas.

De hecho, señala que una de las propuestas del CJC para su reforma que estudian Les Corts es que la renovación de consejeros se hagan por mitades, para combinar los que tienen experiencia con los que parten de cero, y también defiende que la institución pueda estudiar las proposiciones de ley, para dar “una visión más técnica” a esas normas.

Soler considera que el hecho de que el Consell no haya asumido los reparos planteados por el CJC a algún anteproyecto de ley no supone un “cuestionamiento” a esta institución, la cual tiene “la obligación de avisar” de lo que detecta, pero luego el Ejecutivo tiene la facultad de aprobar las normas “oído el CJC, o conforme el CJC”.

Asegura que “nunca nadie” le ha “presionado” ni le ha dicho “absolutamente nada” sobre su labor en el CJC, y resalta que aunque existieran esas presiones tendrían “poca eficacia”, pues el CJC es un órgano colegiado, cuyos dictámenes se consensúan entre los seis miembros del pleno, tres de los cuales los nombran Les Corts (a propuesta de tres grupos distintos) y tres el Consell, que es de coalición.

Respecto al conflicto en Cataluña, considera que ha fallado la fase del diálogo político y el Estado de derecho tiene unos instrumentos que debe defender, pues se está cuestionando el ordenamiento constitucional, y mientras no se cambien las reglas de juego hay que seguir lo que marcan la Constitución y el Estado de derecho.