ONG acusa a autoridades mexicanas del 25 % de delitos contra los migrantes

Las autoridades mexicanas están detrás del 25 % de los crímenes que se cometen contra los migrantes que atraviesan el país, quienes además enfrentan dificultades en el acceso a la justicia y la integración en sus lugares de destino, según un informe publicado hoy.

En el reporte “El Estado indolente”, presentado en Ciudad de México, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) afirmó que esta cifra, correspondiente a 2017, aumentó respecto al año previo, cuando quedó constancia de que las autoridades eran responsables de 17,39 % de los crímenes.

Esta categoría incluye personas encargadas de la seguridad privada del tren conocido como “La Bestia” (23,33 % de los crímenes cometidos por autoridades), policías municipales (17,18 %), agentes migratorios (15,13 %) y federales (13,46 %).

En total, un 9,62 % de los migrantes entrevistados por esta red de 23 albergues que operan a lo largo de toda la geografía mexicana reportaron haber sido víctimas de algún delito a su paso por el país.

El delito más habitual es el robo (76 %), seguido por las lesiones (5,14 %), la extorsión (4,04 %) y el secuestro (3,82 %).

De acuerdo con REDODEM, el sur y sureste del país conforman la región más peligrosa para los migrantes ya que, por ejemplo, el 29,18 % de delitos se cometieron en Chiapas y 16,78 % en Veracruz.

No obstante, muchos de los migrantes que son víctimas en el sur no reportan a las autoridades el crimen hasta que están en el norte del país. “Siguen avanzando y donde se sienten seguros denuncian estos delitos”, señala Jorge Alberto Pérez, presidente de la organización Uno de Siete Migrando, de Chihuahua.

Esto les dificulta el acceso a la justicia, porque en ocasiones las fiscalías no quieren atenderles y “quieren que vayan al sur a denunciar”.

México se ha convertido en un lugar de destino, además de país de paso. En 2017, según un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), hubo 14.596 solicitantes de asilo, 13.300 más que las que hubo hace cinco años.

La ruta migratoria, asegura REDODEM, puede ir cambiando de acuerdo con los peligros que afronten las personas en tránsito.

En la zona sur, el 28 % de la población migrante manifestó que su destino era México, mientras que en la zona norte este porcentaje aumenta y llega al 50 %, dijo Pérez.

Esto refleja tanto factores de violencia interna en México como la situación de aquellas personas que, tras cruzar la frontera con Estados Unidos, son detenidos y devueltos al otro lado.

Además, agregó el activista, “la zona norte atrae al migrante por sus oportunidades laborales y diferencias en la aplicación de la política migratoria, porque no hay tantos detenidos como en el sur”.

Sin embargo, una vez consiguen trabajo en el norte afrontan problemas de inserción. Es el caso de quienes son víctimas de patrones que abusan de ellos, “no pagándoles o amenazándoles” con que si presentan una denuncia serán reportados al Instituto Nacional de Migración (INM).

Una de las partes del informe se centra en los niños, niñas y adolescentes no acompañados.

De todos los menores que pasaron por los albergues, el 46 % viajaban no acompañados. Este porcentaje es superior en las niñas, dado que el 72 % manifestaron viajar solas.

Magdalena Silva, fundadora de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Indígena e Inmigrante (Cafemin), subrayó que este dato puede ser engañoso, ya que “la mayoría de niños y niñas vienen acompañados, pero por coyotes”, personas a las que se les paga para transportar migrantes indocumentados.

Indicó que los “coyotes” están cobrando actualmente entre 8.000 y 12.000 dólares para trasladar a un menor hasta la frontera con Estados Unidos, y cobran cuotas para “pagar a agentes del INM, la policía o el crimen mismo para que los dejen seguir avanzando”.

“Cuando se les termina el dinero, los dejan a su suerte, y es cuando Migración los detiene (a los niños)”, aseveró Silva.

Arturo González, director de la Red Servicio Jesuita a Migrantes, consideró que el Estado emplea en su política migratoria las estrategias de “la violencia y el miedo como mecanismos disuasorios”.

Algunos de los delitos están conectados, como las extorsiones y las detenciones, con lo que los migrantes pueden ser intimidados para evitar ser deportados a sus países de origen, con los que “se inicia de nuevo el calvario migratorio”.