ONG egipcias critican a su Gobierno por “estrangular” a la sociedad civil

Veinte ONG egipcias criticaron hoy en un comunicado conjunto al Gobierno de su país por “estrangular lentamente el trabajo de los grupos de derechos” humanos con acciones legales “basadas en leyes represivas”.

Este tipo de medidas, denunciaron, “contradicen todas las afirmaciones de que el país se está democratizando”.

La intimidación de los grupos de derechos humanos comenzó el pasado julio, cuando el Ministerio de Seguridad Social informó a las asociaciones civiles sobre el deber de registrarse bajo la “represiva” Ley de Asociaciones (que data de 2002) antes del 10 de noviembre de 2014, según el comunicado.

Después, las autoridades pasaron a “amenazar con penas de cárcel y a veces de muerte a varios activistas, obligando a muchos a abandonar el país e incitando a otros grupos a recortar sus actos”.

Las ONG acusaron también al Gobierno de “dedicar sus esfuerzos a eliminar todas las voces críticas o a aquellos que ofrecen una visión alternativa de gobernanza”, según la nota.

Las organizaciones denunciaron que el Ministerio de Seguridad Social rechazó registrar a varias ONG que habían aceptado cumplir con los requerimientos de la ley de 2002.

No estar registrada como asociación puede ser utilizado como argumento para justificar una intervención en sus asuntos internos y actividades, así como para evitar que su personal pueda viajar, criticaron las ONG firmantes, entre las que se encuentra el Instituto de El Cairo para el Estudio de Derechos Humanos.

“Esta escalada expone claramente el deseo del Gobierno de despojar a Egipto del trabajo en derechos humanos, eliminando a estos grupos o acosando a su personal, que son actores que resisten a los actuales golpes para eliminar el espacio público”, añadieron.

Tras estas denuncias, las ONG firmantes pidieren en la nota al Ejecutivo levantar las prohibiciones de viaje impuestas a los defensores de los derechos humanos y retirar los cargos contra sus activistas.

Además, demandaron al Gobierno que cumpla con la Constitución, especialmente con el artículo 75 sobre la libertad de asociación y con el 93, que dicta la obligación de las autoridades de respetar los convenios sobre derechos humanos firmados por Egipto.

Finalmente, instaron a las autoridades a cesar el acoso y la persecución de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.

El Cairo ha impuesto severos castigos para las ONG que reciban financiación extranjera y las ha obligado a registrarse bajo una draconiana ley de la época del derrocado presidente Hosni Mubarak, que llevará a muchas a echar el cierre, según las ONG.

Entre los puntos criticados de esta ley destacan la instauración del llamado “comité coordinador”, que controla los fondos y da o niega permisos para trabajar en Egipto.