El PPE condena intento de “secesión ilegal” catalana y apoya la aplicación del 155

El Partido Popular Europeo (PPE) condenó hoy el intento de “secesión ilegal” en la región española de Cataluña y apoyó la aplicación del artículo 155 por el anterior Gobierno de España en una resolución aprobada en el Congreso que la familia política celebra en la capital finlandesa y que reúne a más de 700 delegados.

“Los intentos catalanes de secesión son contrarios a la ley y la democracia” es el título de la resolución que la delegación española presidida por Pablo Casado presentó ante el PPE y esta formación europea aprobó.

Para el partido conservador español la aprobación de esta resolución es un respaldo del PPE a su posición y a la gestión del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy.

“Condenamos toda secesión ilegal como alteración política de la realidad, contraria a la ley y la democracia en si misma”, dice el texto.

En el texto aprobado por el PPE se subraya asimismo que el secesionismo “provoca inestabilidad e incertidumbre en los países, afectando a todos los niveles de crecimiento económico, creación de empleo, prosperidad, coexistencia, consenso y futuro”.

Asimismo dicen “reconocer” que “los secesionistas en Cataluña han intentado ignorar la Constitución (de España) con un proceso de adopción recurrente de decisiones en contra de la ley establecida y los valores europeos”.

La resolución tiene seis párrafos de exposición de motivos en los que se narra lo sucedido en la región española de Cataluña desde el 6 de septiembre de 2017.

En el segundo párrafo se apunta que “el Gobierno de España tuvo que implementar el mecanismo incluido en el artículo 155 de la Constitución española y que llevó a elecciones anticipadas” en la comunidad autónoma catalana.

También se recuerda que ha habido más de 50 procesos electorales en Cataluña desde 1978 y que han resultado en que “la sociedad catalana esté dividida entre un 48 % de secesionistas y un 52 % de no secesionistas”.

En una nota al pie de la resolución se aclara que “ningún punto” de la misma “está relacionado con la situación única de Irlanda del Norte, donde rigen acuerdos internacionales vinculantes”.