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El PSOE pedirá derogar la reforma de la Justicia Universal por sus "demoledores efectos"

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El Pleno del Congreso debatirá mañana una proposición de Ley del PSOE con la que pretende derogar la reforma de la Justicia Universal por sus "demoledores efectos", que han "tirado por la borda" el trabajo en la lucha contra el narcotráfico y ha supuesto el "plante" de los jueces de la Audiencia Nacional.

En la iniciativa, los socialistas denuncian que la reforma -aprobada el pasado febrero en solitario por el PP- desactiva la lucha contra graves delitos, manda un "mensaje de impunidad inasumible" y es un "grave daño para la marca España" como abanderada de la defensa de los derechos humanos.

Entre los "demoledores efectos" de la ley, el PSOE destaca el "plante" de los magistrados de la Audiencia Nacional, que apelan a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos para evitar el sobreseimiento de las causas abiertas que establece la reforma.

También rechaza la puesta en libertad de más de 50 narcotraficantes desde la aplicación de la ley, detenidos en aguas internacionales tras cometer graves delitos que habrían comportado penas muy graves y "que han tirado por la borda los esfuerzos y recursos humanos y materiales empeñados" en la lucha contra el narcotráfico.

Los socialistas denuncian que la reforma "limita la persecución de los delitos de violencia de género", además de "dificultar el avance que representó para la lucha contra la mutilación genital femenina" la inclusión de este delito en el catálogo de los perseguibles por los tribunales españoles.

Respecto a los más graves delitos como genocidio y lesa humanidad, la ley establece "limitaciones desorbitadas negando la tutela a las víctimas", incluso de nacionalidad española, por la exigencia del requisito de que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.

Por todo ello, el PSOE pide recuperar la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, puesto que "manda un mensaje esencial desde el punto de vista preventivo-general" ya que su uso permite restringir los movimientos de los presuntos responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

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