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Guiños y diferencias del PSOE con Unidas Podemos en su nueva propuesta

Los socialistas hacen suya la propuesta de Unidas Podemos de evitar los cortes de energía en hogares vulnerables

También suman la idea de Unidas Podemos de listas cremallera en las elecciones y asumen la propuesta de abrir el debate sobre el voto para mayores de 16 años

El PSOE evita hablar de limitar la subida del alquiler y omite los impuestos a la banca o las socimis que ya se pactaron en los Presupuestos

El PSOE rechaza el referéndum para Catalunya, pese a ser éste el vehículo propuesto por el grupo confederal para la solución del conflicto

Sánchez expone su nueva oferta de programa para desbloquear la investidura

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. EFE

Ya se conocen las medidas que propone el PSOE a Unidas Podemos para atraer su apoyo de cara a una nueva investidura. Se trata de un documento de 76 páginas que contempla 370 medidas en distintos ámbitos. El propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este martes que lo primero que se había conocido del documento "no sonaba mal".

Bajo el título 'Propuesta abierta para un programa común progresista', los socialistas apuntan que el documento obedece a las conversaciones mantenidas con la sociedad civil durante las últimas semanas. Además, apunta que está "conectada" con el acuerdo de los presupuestos generales acordados entre PSOE y Unidos Podemos. El documento guarda distintos guiños pero también algunas diferencias con el grupo confederal.

Empleo y pensiones

El documento de medidas del PSOE lo encabezan las políticas laborales y en materia de pensiones. La propuesta incluye la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que los sindicatos aprueban, pero siempre que antes se deroguen aspectos fundamentales de la reforma laboral de 2012. El documento del PSOE no lo garantiza pero especifica que "analizaremos, con carácter de urgencia, la conveniencia de aprobar las modificaciones de los aspectos más lesivos de esta legislación”.

Entre estos cambios prioritarios faltan dos de los que negociaron los sindicatos con el Ministerio de Trabajo en la pasada legislatura, como ya ocurrió en el acuerdo presupuestario con Unidas Podemos: la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa (que no figura en el documento) y la reforma de la subcontratación (que aparece, pero no en este apartado prioritario). 

Entre estas modificaciones más urgentes sí figura la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos (con el compromiso de ampliar la vigencia de los convenios colectivos cuando estos caducan hasta la negociación de uno nuevo) y se añaden tres: revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reducir la alta temporalidad y reforzar la obligación que ya existe de que figure el horario en los contratos a tiempo parcial.

Entre el resto de políticas laborales destaca reforzar las causas de los contratos “de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo”, reformar las causas de despido objetivo y “una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras” que se adecue “a las exigencias de la digitalización”.

En materia de empleo público, figura el compromiso de revisar el contrato de interinidad para evitar “su uso abusivo”; de crear un Estatuto Básico de Bomberos Forestales, que reconozca sus categorías profesionales; y culminar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil. 

En pensiones, el PSOE propone “el blindaje en la Constitución del sistema público de pensiones” y se compromete a eliminar tanto el Índice de revalorización de las pensiones (IPR, que supone las subidas anuales del 0,25%) y el factor de sostenibilidad (un indicador que limitaría las cuantías iniciales en un futuro en relación con la esperanza de vida) que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. 

El documento recoge que los socialistas están “comprometidos con la actualización de las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC real”, con mayores aumentos para las pensiones mínimas y las no contributivas, aunque no especifica que se vuelva a aprobar por ley esa vinculación de las pensiones a la inflación.

Vivienda

En el capítulo dedicado a Vivienda, el Gobierno no introduce la gran reivindicación de Unidas Podemos en la materia: la limitación de subidas de precio abusivas, en zonas “tensionadas”, entre contrato y contrato. Sí abre la puerta, pero solo de manera genérica, al comprometerse a “profundizar” en las medidas ya adoptadas en el decreto aprobado en marzo (hasta ahora, limitación al IPC en las subidas anuales dentro del mismo contrato) para frenar las subidas abusivas del alquiler, y a “estudiar nuevas opciones “de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia”, que ya está en elaboración.

Como guiño a la formación morada en este capítulo, el PSOE se compromete a establecer un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda, y que ponga a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos distintas herramientas “para su detección y para movilizarlas con fines sociales a precios razonables”. El Ministerio de Fomento habló hace unos meses de distinguir entre propietarios personas físicas y jurídicas a la hora de tomar medidas sobre los 3,4 millones de inmuebles sin ocupar en España. Este tema no se introdujo en el decreto aprobado el pasado marzo.

Además, entre otras medidas, el PSOE afirma que facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas. Este derecho implica que las administraciones públicas tendrían preferencia sobre los fondos de inversión a la hora de adquirir inmuebles en determinadas circunstancias. Se trata de aumentar el parque de vivienda pública, por un lado, y de evitar la especulación inmobiliaria, por otro.

Fiscalidad

En fiscalidad destacan dos ausencias: el PSOE parece haber desterrado definitivamente la idea de imponer un impuesto a la banca que defendía Pedro Sánchez antes de la moción de censura que le convirtió en Presidente del Gobierno. Lo que proponían al respecto los socialistas era un gravamen del 0,1% con carácter general y del 0,01% para operaciones con derivados.

También ha desaparecido, al menos en este documento, la idea de gravar con un 15% en el impuesto de Sociedades el beneficio no distribuido de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis). El otro vehículo de inversión que han sido puestos en tela de juicio por su escasa fiscalidad, la sicav, aparece mencionado para proponer “un mayor control” a través de la Agencia Tributaria. Ahora su supervisión depende de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se reitera la intención de poner el marcha los dos nuevos impuestos, con sello europeo. El primero de ellos para gravar las transacciones financieras (un 0,2% sobre las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero). También prevén la creación de un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (“tasa Google”) “con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan”. En este caso no especifican el tipo a aplicar. En uno de los proyectos aprobados por el Gobierno, y no refrendados por el Congreso, se contemplaba un gravamen del 3% sobre la publicidad, la intermediación y la venta de datos de los usuarios, en empresas con una facturación de más de 750 millones y de al menos 3 millones en España. 

Energía

En materia de energía, la principal novedad es una vieja exigencia de Podemos: la prohibición de realizar cortes de agua, luz y gas a hogares vulnerables. Además, se promete abordar “una reforma en profundidad del bono social eléctrico creando un bono social general, que incluya el bono gasista”, al igual que en otros países europeos. “Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo vital”. Y se plantea que las renovables alcancen entre el 85 y el 95% en 2040 en el mix eléctrico, una propuesta que planteó Podemos en agosto, con el objetivo final de ser el 100% diez años más tarde, como marca la Comisión Europea. Pero no hay referencias a los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas que PSOE y Podemos pactaron eliminar en su acuerdo presupuestario del año pasado. Y mucho menos, a la empresa pública de energía que ha reclamado insistentemente la formación de Pablo Iglesias.

El PSOE también recoge la propuesta de Unidas Podemos de la creación de una entidad pública de financiación de la innovación, el emprendimiento, la transformación digital y la transición ecológica, que integre en un mismo grupo los programas y entidades públicas de crédito existentes (ICO, CDTI, ENISA, etc).

Violencia machista e igualdad

En sus medidas para la lucha contra la violencia machista, el PSOE mantiene el programa que presentó para el 28 de abril, que ya tenía muchos puntos en común con el de Unidas Podemos. Entre ellas está el cumplimiento íntegro del Pacto de Estado, una Ley contra las Violencias Sexuales que blindaría el “solo sí es sí” en el Código Penal, como ya pactaron ambos partidos la anterior legislatura, o la ampliación del concepto de violencia machista más allá del ámbito la pareja, algo que lleva exigiendo el partido morado desde su creación. Sobre esto último, en el documento el PSOE utiliza el término ‘feminicidio’, referido al asesinato de una mujer por razón de su género, que no habían empleado antes. Añaden una novedad: un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para las supervivientes, algo que proponía Podemos con ese mismo nombre en su programa electoral del 28A. Esto sería “una prestación de garantía de vida destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista”.

El documento del PSOE recoge además una medida que enunciaba Podemos y que ellos no habían incluido en su programa: aumentar los objetivos de la Ley de Igualdad, que exige paridad en los procesos electorales, estableciendo “listas cremallera” también “en municipios de menos de 100.000 habitantes”. Eso sí, Podemos abogaba el 28A por que la cremallera pudiera romperse si beneficiaba a una candidata mujer. Los socialistas también hablan de la abolición de la prostitución en su propuesta, postura ante la que Unidas Podemos no se han posicionado tan claramente y no mencionaba en su programa.

Inmigración

El documento guarda un apartado en materia de inmigración en el que el PSOE se expresa en términos similares a su programa electoral para las elecciones generales. Sin embargo, ha incluido en otro punto de la propuesta una mención explícita a la labor de Salvamento Marítimo que no aparecía en anteriores documentos, también el presentado a Unidas Podemos en julio. El partido plantea la “optimización de los recursos de los servicios de salvamento marítimo, fortaleciendo la estabilidad de su plantilla, su carácter civil y su función exclusiva de salvamento”. Esta alusión se produce después de que Unidas Podemos haya acusado al Gobierno en funciones de “desmantelar día a día” el servicio público de rescate y haya reclamado “recursos suficientes” para el mismo mientras el Ejecutivo de Sánchez se escudaba en la actividad de Salvamento Marítimo para justificar su gestión de la crisis del Open Arms.

El Gobierno lleva meses dando pasos encaminados a aumentar el número de rescates llevados a cabo por Marruecos y disminuir la actividad de Salvamento Marítimo en la localización de pateras. Hace un año, creó la figura de un mando único operativo, un general de la Guardia Civil al que ahora se supeditan las labores de Salvamento Marítimo. Paralelamente, representantes sindicales del servicio público de rescate llevan meses alertando de una situación "insostenible" con una plantilla, aseguran, “bajo mínimos”.  

Catalunya

Sánchez dejó Catalunya fuera del documento que presentó en julio, cuando inició las conversaciones con Iglesias precisamente porque es uno de los temas en los que chocan ambas formaciones, según explicaron entonces desde el PSOE. Sin embargo, esta vez sí ha incluido su rotundo rechazo a un referéndum de autodeterminación, que es la apuesta de Unidas Podemos para solventar la crisis territorial. “No tiene cabida un referéndum de

autodeterminación que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad”, señala la ‘Propuesta abierta para un programa común progresista’.

Derechos y libertades

El PSOE –y el propio Pedro Sánchez durante la investidura fallida de julio– ya había expresado su intención de aprobar una Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y de Muerte Digna, pero en este documento va un poco más allá de la despenalización y especifica “su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud”. Lo que pedía Podemos eran “todas las garantías” necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida y los profesionales que las asisten. 

Incorporan además el reconocimiento de las lenguas de signos españolas, asegurando que “desarrollaremos la Ley 27/2007”. En el programa del 28A no las nombraban, pero Podemos sí pedía que se profundizase en su “reconocimiento constitucional” a través de esa regulación.  Los socialistas también dicen que “abriremos el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años”, algo con lo que Podemos ha insistido durante los últimos meses y que el PSOE no contemplaba.

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