El juez Pablo Ruz investigará las adjudicaciones de Jerez a trama Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investigará de nuevo supuestas irregularidades en las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) a empresas de la trama Gürtel para varios eventos de FITUR 2004, han confirmado a EFE fuentes del caso.

Las mismas fuentes han señalado que el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha accedido a una petición en ese sentido de algunas de las acusaciones personadas en el caso, tras un informe policial de la UDEF sobre los contratos que el Ayuntamiento de Jerez dio a las empresas Special Events y Down Town Consulting.

Según ha informado la cadena Ser el magistrado reabre así una pieza separada del caso Gürtel que ha estado paralizada durante tres años.

La reapertura del caso se produce semanas después de que la UDEF entregara al juez un informe sobre supuestas irregularidades en la contratación de las empresas de la trama Gürtel por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, presidido entonces por la que en aquel momento y en este es alcaldesa de la ciudad, la senadora popular María José García-Pelayo.

El informe de la UDEF abarca tres contratos relacionados con la presencia en FITUR 2004 de Jerez; un contrato negociado sin publicidad para el montaje y gestión del expositor por 162.806 euros a Special Events; otro contrato negociado sin publicidad para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre de 39.366 euros a Down Town Consulting; y un contrato menor para la celebración de un espectáculo flamenco en los Jardines del Retiro por 11.855 euros para esta misma firma.

En el informe la Policía propuso al juez tomar declaración a Isidro Javier Cuberos García que ejerció como “intermediario entre las empresas del Grupo CORREA y personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez (Cádiz)” para que las empresas Special Events y Down Town Consulting resultaran adjudicatarias de los contratos porque entiende que su papel fue “fundamental”.

En sus conclusiones el informe indicaba que, además, “se ha observado” la participación en el procedimiento formal de la adjudicación de García-Pelayo, junto a otros cargos municipales relacionados con este organismo.

La principal irregularidad que el informe aprecia es que “se efectuaron gestiones, contratación y pago de distintos proveedores de servicios” con anterioridad “a que se hubiera establecido y llevado a cabo procedimiento formal de contratación alguno, por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad”.

La documentación para presentarse a los concursos fue entregada en algún caso un mes después de ejecutadas “lo que lleva a determinar que las fechas que se hacen constar en los distintos contratos firmados entre las partes (...) no se corresponde con la realidad, haciéndose constar la misma para dar una apariencia de legalidad en el procedimiento llevado a cabo, cuando la realidad es bien distinta”

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

La última vez lo hizo el pasado 17 de marzo en un pleno extraordinario convocado para explicar este asunto en el que aseveró que los expedientes de estos contratos eran “absolutamente impolutos”.

Volvió a recordar que el juez de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya archivó, en mayo de 2011, la denuncia interpuesta por el PSOE contra la alcaldesa por este asunto en un auto en el que se sentaba que no se podía imputar delitos a la alcaldesa de Jerez.

Además reiteró que todos los contratos investigados contaron con los informes favorables del secretario general y del interventor del ayuntamiento y fueron ratificados por los grupos políticos que participaban en el consejo de administración del Instituto de Promoción de la Ciudad“.