La defensa de Pérez Molina desmiente la declaración de un testigo en el caso de la portuaria

La defensa del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina desmintió hoy la declaración del colaborado eficaz de la Fiscalía en el caso de corrupción TCQ, en la mayor portuaria del país.

El letrado César Calderón dijo, durante su exposición, que no hay pruebas sólidas que fundamenten la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que señala que Pérez Molina, junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, cobró un soborno millonario a cambio de la adjudicación de la ampliación del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Según la investigación, TCQ pagó unos 30 millones de dólares para lograr la ampliación de Puerto Quetzal, de los que 24,5 estaban destinados a los socios locales (entre ellos Pérez Molina y Baldetti), 5 a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.

Calderón dijo que la Fiscalía no puede acreditar que Pérez Molina recibiera ningún dinero y añadió que las propiedades que se le atribuyen a Pérez Molina, acusado en este caso de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude, tampoco se puede demostrar.

“No pueden acreditar el soborno por más que tiren del chicle” o por más que la Fiscalía “adorne la cosa”, arguyó.

Durante más de una hora, el letrado argumentó que este proceso, hecho público en una conferencia de prensa por la fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ya ha hecho un “daño irreversible” a su patrocinado, pues la sociedad está “contaminada” antes de la condena.

En su razonamiento, Calderón negó además la supuesta reunión que existió en Cancún (México) para negociar, entre el representante de TCQ, Juan José Suárez; el argentino Mauricio José Garín y el testigo de la Fiscalía en este proceso y exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, el soborno y las formas de pago del mismo.

Según relató, el español Suárez estaba, el supuesto día del encuentro, 26 de marzo de 2013, en Guatemala, y Monzón no tiene en su expediente migratorio ninguna constancia de haber entrado a México para poder mantener esa reunión.

“Es otra gran mentira (...) no puede sostenerse un proceso penal a base de mentiras, no se puede”, proclamó enfático el abogado de Pérez Molina, quien está en prisión preventiva desde el pasado 3 de septiembre por el caso de corrupción aduanero “La Línea”.

TCQ, actualmente, es propiedad en un 85 por ciento de la empresa holandesa APM Terminals y en un 15 por ciento de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La ampliación de Puerto Quetzal, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal.