Prisión permanente revisable, un polémico castigo en manos del Tribunal Constitucional

El asesinato de Laura Luelmo ha vuelto a agitar el debate político en torno a la prisión permanente revisable, un castigo que defienden el PP y Ciudadanos y que rechaza el resto de partidos, aunque el PSOE ha decidido esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional antes de derogarlo.

Como ocurrió tras los asesinatos del niño Gabriel o de Diana Quer, el crimen de Huelva ha resucitado una discusión que había quedado congelada en el Congreso.

El pasado marzo, con el PP en el Gobierno, el pleno del la Cámara Baja comenzó a tramitar una proposición de ley del PNV para derogar esa controvertida pena, que ha sido aplicada en cinco casos en España.

Desde la tribuna del hemiciclo, los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo, Mari Luz Cortés y familiares de Yeremi Vargas presenciaron un agrio debate en torno a una medida que impulsó el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012 y que fue incluida en el Código Penal finalmente en 2015 sólo con apoyo del PP.

El 30 de junio de ese año, en vísperas de su entrada en vigor, la oposición en bloque recurrió ante el Constitucional la que es desde entonces la máxima pena privativa de libertad para delitos especialmente graves.

Son ocho los supuestos: el asesinato de menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable; el cometido junto a un delito sexual; cuando el asesino pertenece a un grupo u organización criminal; el asesinato múltiple; matar al rey, la reina o al príncipe o princesa e Asturias; matar a un jefe de Estado extranjero; y el genocidio y los crímenes para la humanidad.

Acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios hechos, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión.

El PP no sólo sigue defendiendo este castigo, sino que apuesta por ampliarlo a nuevos supuestos, como los casos en los que los condenados hayan intentado ocultar el cadáver o no colaboran en su hallazgo; el secuestro que acabe en asesinato; los incendios en los que se ponen vidas en peligro; o el uso de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

Ciudadanos, por su parte, aboga por dificultar el acceso a los beneficios penitenciarios de los reclusos condenados a prisión permanente revisable, para evitar, por ejemplo, que pasen al tercer grado antes de cumplir de forma efectiva 20 años de cárcel o que tenga salidas antes de los 15 años.

Aunque muchos colectivos que censuran este castigo confiaron en su pronta derogación con la llegada del PSOE a la Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido esperar.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha tachado de “inhumana” la pena y considera que “choca frontalmente” con el artículo 15 de la Constitución, que garantiza que ningún ciudadano será sometido a torturas, penas o tratos “inhumanos o degradantes”, pero ha explicado que el Gobierno apuesta por esperar a conocer qué opina el propio Tribunal Constitucional.

Los tiempos de ese tribunal son inciertos y el recurso contra la prisión permanente revisable, con la firma socialista, llegó a ese organismo hace ya tres años y medio.

La pena máxima se ha impuesto este año en cuatro ocasiones, después de que se castigara con ella en 2017 al conocido como “parricida de Moraña”, que mató a sus dos hijas.

En 2018 han sido condenados a prisión permanente revisable el hombre que asesinó a una bebé de 17 meses en 2016 en Vitoria, otro que mató a su hijo de 11 años en Oza-Cesuras (A Coruña) o un joven de 24 años que asesinó en Tenerife con ensañamiento al abuelo de su exnovia.

Patrick Nogueira recibió el mes pasado tres condenas de prisión permanente por asesinar a sus tíos y sus primos de 1 y 4 años en su casa de Pioz (Guadalajara).

Hoy, tras el crimen de Laura Luelmo, el líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado en el pleno del Congreso la necesidad de mantener la medida y ampliarla a los supuestos de asesinato con ocultación de cadáver y asesinato después de un secuestro.

Pedro Sánchez le ha recordado que la pena está en vigor, y no ha evitado el asesinato de Laura.