El juez Ruz y el fiscal Campos piden premiar a denunciantes de casos de corrupción

El juez Pablo Ruz, anterior instructor de casos como Bárcenas y Gürtel, y el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos han propuesto hoy una regulación que prevea “premios” procesales e incremente las garantías de protección para quienes denuncien casos de corrupción y de delincuencia económica.

Ambos han intervenido en una jornada sobre este tipo de delitos organizada por Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales y han cuestionado que con los obstáculos que sufren los jueces y fiscales la solución sea la limitación temporal en las instrucciones de las causas incluida en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pablo Ruz ha estimado que hay una deficiente regulación en materia de particulares y copartícipes que denuncian ya que se ha quedado obsoleta la ley de protección de testigos.

A su juicio para que salgan a la luz comportamientos ilícitos en esta materia habría que premiar a los denunciantes con beneficios procesales aunque actúen por venganza política por ejemplo por no ir en unas listas electorales.

Además ha considerado que habría que “blindar” al denunciante para que no pierda su trabajo o sufra un perjuicio económico por ser considerado un traidor.

El fiscal Daniel Campos ha estimado que hay que incentivar las denuncias de estos casos por parte de funcionarios garantizándoles que no sufrirán represalias y que se premie también al “malo” que esté dispuesto a dar información y pruebas de delitos de corrupción como ya se hace en los de terrorismo y narcotráfico.

Por otra parte, Pablo Ruz ha reclamado que se dote a los jueces de peritos a su servicio para estos casos como ya tienen los fiscales anticorrupción y más compromiso de las entidades de crédito en su colaboración con estas investigaciones, que en la actualidad “deja mucho que desear”.

Daniel Campos se ha mostrado partidario de huir de las macrocausas con múltiples acusados y ha estimado que la única forma de celebrar los juicios en plazos razonables es “trocearlas” y que procesalmente son más efectivas muchas pequeñas operaciones “aunque no salgan en el telediario” que una “espectacular” que lo que hace es “maquillar la lucha contra la corrupción”.

Campos ha pedido que el jurado deje de intervenir en juicios de corrupción pues a su entender estas causas requieren de jueces técnicos e incluso especializados como los de la Audiencia Nacional.

Asimismo estima que esta Audiencia debe encargarse de todos los asuntos de corrupción complejos y no le parece procedente que se lleve instrucciones de aforados a tribunales como los superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Supremo.

La jornada ha sido inaugurada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ejerció anteriormente como jueza, que ha estimado que la corrupción se debe resolver por la sociedad no solo en los tribunales y ha planteado que habría que reflexionar sobre el oscurantismo y la irracionalidad de los procedimientos administrativos como el origen de algunas conductas.

También ha participado un inspector de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Agencia Tributaria, Ignacio García, que ha advertido de que proliferan las sociedades simuladas, ficticias e interpuestas para emitir facturas falsas o constituidas en paraísos fiscales para ocultar a los dueños de unos bienes y a los titulares de cuentas con grandes cantidades de dinero.

Ignacio García ha comentado que a los inspectores también les resulta insuficiente el plazo legal -en su caso de entre 18 y 27 meses- para sus investigaciones.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Saez Valcárcel ha achacado parte del problema de la corrupción a la desidia de las administraciones.