Ruz, decidido a seguir troceando la causa de los papeles de Bárcenas
El juez Pablo Ruz está decidido a seguir troceando la causa de Bárcenas hasta la saciedad. En los próximos días se espera que el magistrado de la Audiencia Nacional cree una nueva pieza separada en torno a los presuntos delitos cometidos en Castilla La Mancha, relacionados con el cobro de comisiones ilegales denunciados por Luis Bárcenas.
Llama la atención la tendencia de Ruz a trocear la instrucción del caso por cuya competencia luchó contra el juez Gómez Bermúdez. Cuando Ruz argumentó por qué debía ser el el juez competente habló de “la conexidad y continencia de la causa”. Ahora, el caso Gürtel se le desbordará en tres piezas separadas.
El pasado miércoles, el magistrado impidió que los abogados de las acusaciones preguntasen a Cospedal por el cobro de comisiones que Bárcenas atribuye a la número dos del PP a cambio de la concesión de basuras en Toledo. Los letrados se indignaron con la actitud del magistrado. Mientras, en la Audiencia Nacional, explicaron que al referirse los hechos a diputados de aquella comunidad, se hacía probable una nueva pieza separada para trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. El requiebro jurídico salvó a Cospedal de responder sobre la cuestión más espinosa que le había llevado a la Audiencia Nacional en calidad de testigo.
¿En qué momento procesal debe un juez soltar la investigación de un presunto delito y pasárselo a otro magistrado competente para ello? Las respuestas son diversas y, según fuentes jurídicas, depende en gran medida de la prudencia y habilidad del magistrado para evitar líos y presiones de las cúpulas políticas.
El sistema de aforamientos de nuestro modelo judicial impide, de facto, que un solo tribunal pueda asumir la instrucción de una supuesta trama de corrupción que afecte a uno de los principales partidos políticos. Tanto PP, como PSOE o IU tienen en sus cuadros directivos diputados de diferentes cámaras y asambleas por lo que, de existir el delito en sus cúpulas, el juicio del mismo se verá indefectiblemente dispersado en una maraña de tribunales y jueces con competencias para detalles de la causa, pero no para el total de lo juzgado.
La dispersión jurídica que afecta a los procesos que indagan delitos en el ámbito de la política afectan sobremanera a quienes no son aforados y sí acusados en la causa. Tomemos como ejemplo a Pablo Crespo. El llamado “número 2 de la Gürtel” ha pasado 1090 días en prisión preventiva y en la actualidad tiene abiertas un total de 7 causas diferentes en dos juzgados (Audiencia Nacional y TSJ de Valencia).
En conversación con eldiario.es, Crespo ha declarado que “de las seis causas que tengo abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, hay cuatro que todavía no he empezado a estudiar y no sé de qué van”. A Crespo, ya en libertad, solo se le ha comunicado la apertura de juicio oral por uno de los procesos, el relativo a los trabajos que sus empresas hicieron en Fitur para la Comunidad Valenciana. Sobre esta cuestión se ha declarado la apertura de juicio oral, pero todavía no hay fecha fijada.
La dispersión jurídica de estos asuntos tiene varias consecuencias evidentes:
1.- Beneficia a los acusados, ya que alarga los procesos y acerca la prescripción de los delitos que se juzgan.
2.- Perjudica a los acusados, ya que tienen que abonar las minutas de abogados para cada una de las causas en las que habrán de contar con abogados, procuradores y asumir el gasto de traslados y alojamiento en las jornadas de vista.
3.- Perjudica a las acusaciones que han de pensarse mucho el inicio de acciones legales que se habrán de encarecer sobremanera en virtud de la dispersión judicial.
4.- Perjudica la labor de los periodistas y el acceso a la información.
5.- Impide demostrar la conexidad de hechos que están siendo valorados por distintos magistrados.
6.- (Quizás la más importante) Favorece la posibilidad de sentencias contradictorias, al pasar la causa por manos de diferentes magistrados con diferentes sensibilidades.
En conclusión, los delitos en los que se encausa a uno o más políticos se ven en España irremisiblemente condenados a la difuminación. Ruz parece haber emprendido ese camino.
