Solo dos de las 71 ILP presentadas en el periodo democrático han sido admitidas a trámite

Los españoles han presentado 71 iniciativas legislativas populares (ILP) durante el periodo democrático, de las cuales se registraron durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011) y otras trece en la actual legislatura.

Según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos y la aseguradora ARAG presentado este miércoles, el número de ILP se ha disparado desde 2008 en comparación con legislaturas anteriores. Durante los dos gobiernos de José María Aznar se registraron 17 en total y en los cuatro primeros años de Zapatero en La Moncloa se presentaron diez, mientras que entre 1982 y 1996 solo se registraron 17 ILP.

Según el Artículo 87.3 de la Constitución española, los ciudadanos pueden presentar una proposición de ley reuniendo 500.000 firmas que la apoyen y siempre que la ILP en cuestión no esté relacionada con materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional o con la prerrogativa de gracia.

De las trece iniciativas populares que se han presentado desde que gobierna Mariano Rajoy, dos han sido admitidas a trámite en el Congreso: la que contempla considerar a la fiesta de los toros como bien de interés cultural y la relativa a la dación en pago, la eliminación de los desahucios y el alquiler social.

Según el estudio, siete de cada diez españoles creen que cada vez se presentarán más ILP como consecuencia de los movimientos sociales aparecidos con la crisis y de las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para movilizarse.

OBSTÁCULOS PARA LAS ILP

Sin embargo, los autores del estudio, que se recoge en un libro, advierten de que las ILP se enfrentan a varios obstáculos. En primer lugar, que los temas en los que los españoles quieren intervenir son, en su mayoría, expresamente excluidos por el Artículo 87.3 de la Constitución. Por este motivo hay 28 ILP que no se han admitido a trámite.

Así, la encuesta señala que el 47,8% de los españoles presentaría una iniciativa legislativa popular para el agravamiento de las penas ante determinados delitos, más del 47% para la reforma de la propia Constitución y un 39% para intervenir en los Presupuestos Generales del Estado. En menor medida estarían referidas a reformas tributarias (38%), la financiación de las comunidades autónomas (34%), la ley del aborto (33%) y la sucesión de la Corona (31%).

Otro freno a la hora de presentar una ILP es no conseguir en nueve meses las 500.000 firmas requeridas para que se pueda admitir a trámite. Por esta razón no se han admitido 23 en todo el periodo democrático.

El sondeo indica que los españoles consideran que 150.000 firmas deberían ser suficientes para presentar una ILP. España es el país del entorno europeo estudiado donde más rúbricas se exigen, mientras que en Italia --con más población-- solo se necesitan 50.000 y en Reino Unido ni siquiera se precisan firmas.

El tercer obstáculo que destaca el estudio se encuentra en el proceso de tramitación en el Congreso, ya que el tiempo medio de espera para que una ILP, tras haber salvado todos los requisitos, se discuta en la Cámara es de entre nueve meses y dos años.

LA MAYORÍA DE LAS ILP NO HAN PROSPERADO

Como consecuencia de estas barreras, 28 de las 71 ILP registradas durante la democracia ni siquiera fueron admitidas a trámite, 23 caducaron y ocho acabaron siendo rechazadas por las Cortes Generales, mientras que otras tres fueron retiradas y una decayó. Solo dos iniciativas han sido tomadas en consideración, cinco están en tramitación y una se encuentra en tramitación pendiente de acuerdo.

La encuesta muestra que un 64% de los españoles piensan que se presentan pocas ILP porque no sirven para nada ya que la última palabra la tiene el Congreso, el 37% creen que el sistema para presentar una ILP es complicado y al 35% le parece imposible conseguir medio millón de firmas. Es por ello que un tercio de la población (31%) cree que este tipo de iniciativas son una figura poco útil y un 11% no la ve nada útil.

Asimismo, el estudio indica que Canarias es la comunidad autónoma donde más iniciativas legislativas populares se han presentado a su Parlamento y donde más se han admitido a trámite, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque en esta última región ninguna ILP ha sido aprobada como ley por las Cortes autonómicas--. Las comunidades que menos iniciativas han presentado son Madrid y La Rioja.