Suspendidas las actuaciones judiciales no urgentes, incluidos los desahucios, en Madrid, País Vasco, Igualada y Haro
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes aplazar todas las actividades judiciales no urgentes -incluidos los desahucios- en las cuatro zonas más afectadas por la crisis del coronavirus: Comunidad de Madrid, País Vasco y los partidos judiciales de Igualada (Barcelona) y Haro (La Rioja).
La decisión del órgano de gobierno de los jueces llega después de las críticas de la mayoría de asociaciones profesionales, que habían pedido la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, si no revocaba la instrucción de dejar en manos de los jueces la decisión de suspender los juicios previa autorización del presidente del tribunal correspondiente y de la comisión permanente del CGPJ. Esta medida estaba incluida en el llamado escenario dos.
El último acuerdo del CGPJ aumenta a tres los escenarios fijados el pasado miércoles en función de la propagación del virus. El nuevo escenario, el número tres, es el que establece la suspensión de todas las actividades salvo las que, de no practicarse, pudieran causar perjuicio irreparable, o actuaciones con detenido, entre otras, y que se aplicará ahora a los territorios más afectados por la pandemia. De esta forma, se completa la instrucción de esta semana ante el supuesto de que las autoridades competentes decidan adoptar “medidas colectivas urgentes y necesarias para la salud pública adicionales a las ya contempladas en los anteriores escenarios”.
Para el resto del país se prevé la puesta en marcha del llamado escenario dos, que prevé la posibilidad de que los jueces suspendan actuaciones procesales por razones sanitarias previa autorización del presidente del tribunal superior de justicia autonómico correspondiente.
Por otro lado, el citado escenario tres contempla reforzar juzgados para agilizar las autorizaciones que demande la autoridad competente y que impliquen por ejemplo “privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental” en aras de la salud pública.
El refuerzo busca “una respuesta ágil y eficaz en la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, así como a las solicitudes de entrada en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial”, recalcan en un comunicado emitido por el CGPJ.
Enterramientos, nacimientos y matrimonios
El comunicado añade que el Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia y se deberá asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios.
Además, deja en manos de los presidentes de cada Tribunal Superior de Justicia, de los presidentes de las audiencias provinciales y de los jueces decanos la adopción de las medidas que procedan “relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes” y el cierre o desalojo de las mismas en caso de que proceda, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente.
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